Senador Flavio Figallo descarta división en el grupo parlamentario tras el respaldo de Juver Flores y Jorge Gavidia al dictamen.
La bancada de senadores del Partido del Buen Gobierno anunció que evaluará de manera interna la posible adopción de medidas disciplinarias contra sus legisladores Juver Flores y Jorge Gavidia, tras apartarse de la postura oficial y votar a favor de la delegación de facultades legislativas solicitada por el gobierno de Keiko Fujimori en materias de seguridad ciudadana y prevención ante el Fenómeno El Niño.
Durante una declaración ante los medios de comunicación, el senador Flavio Figallo confirmó que la conducta de ambos congresistas será analizada en el seno partidario, aunque evitó calificar la discrepancia como una fractura interna o especular sobre sanciones definitivas.
Figallo sostuvo que el voto en abstención emitido por la mayoría de su agrupación respondió a una muestra de respeto institucional hacia la Cámara de Diputados, el Reglamento del Congreso y la Constitución. Asimismo, advirtió sobre el riesgo de mantener un enfrentamiento recurrente entre ambas cámaras legislativas si persistiera la práctica de modificar sustancialmente los proyectos sin considerar el debate inicial de origen, señalando que esta situación afecta la estabilidad jurídica del país. La bancada de Buen Gobierno defendía inicialmente la aprobación exclusiva de los veinte puntos debatidos por los diputados, cuestionando la incorporación de nuevas materias sin el trámite regular.
Modificaciones en el dictamen del Senado
El dictamen modificado, aprobado por el pleno del Senado con treinta y cinco votos a favor, dieciocho en contra y seis abstenciones, elevó de veinte a veintisiete las materias legislativas delegadas al Ejecutivo tras incorporar siete disposiciones elaboradas por la Comisión de Constitución.
Entre estas incorporaciones figuran, en el ámbito de la seguridad ciudadana, la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de penales de alta peligrosidad sin reemplazar a la autoridad penitenciaria, el seguimiento pospenitenciario mediante libertad vigilada para condenados por delitos graves con riesgo de reincidencia, la calificación de determinadas organizaciones criminales como grupos hostiles durante estados de emergencia, la aplicación de medidas especiales contra mafias que emplean violencia terrorista sin modificar la tipificación del delito, ajustes a la legítima defensa para brindar mayor seguridad jurídica ante agresiones, y el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional y la DINI sin invadir competencias de investigación policial o fiscal.
Adicionalmente, en materia del Fenómeno El Niño, se incorporó la facultad de facilitar la ejecución de proyectos prioritarios de infraestructura en puentes, carreteras y obras de protección, manteniendo los controles ambientales y patrimoniales vigentes.
La inclusión de estas disposiciones adicionales motivó el rechazo de agrupaciones como Buen Gobierno y Ahora Nación, las cuales argumentaron que tales medidas debieron tramitarse mediante proyectos de ley independientes en lugar de sumarse al pedido de facultades.
Por su parte, la administración gubernamental lamentó que el Parlamento recortara el paquete inicial de sesenta y seis solicitudes planteadas originalmente, señalando que continuarán ejecutando las acciones necesarias con las herramientas normativas finalmente concedidas.
