El Gobierno de Cuba acusó a Estados Unidos de amedrentar a Estados y empresas privadas que exportan o transportan hidrocarburos hacia la isla, tras la reciente confiscación en territorio estadounidense de más de 600 mil galones (2,2 millones de litros) de biodiésel destinados al país caribeño.
El viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío, calificó la medida como un acto de «piratería y pillaje», sosteniendo que las transacciones e importaciones energéticas efectuadas por entidades públicas y privadas cubanas se enmarcan en la legislación nacional y el Derecho Internacional. Asimismo, la cancillería insular denunció la interceptación de embarcaciones en aguas internacionales y rechazó las presiones económicas ejercidas sobre la población.
Por su parte, agencias del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmaron el decomiso de 90 cargamentos de combustible, valorados en cerca de 2,8 millones de dólares, los cuales fueron retenidos en Port Everglades (Florida) y el Puerto de Houston (Texas).
Según la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami, los despachos tenían como consignataria a la empresa Enetec, firma sobre la cual pesan sanciones del gobierno estadounidense. Las autoridades norteamericanas señalaron que la operación constituye un intento deliberado por evadir el régimen de sanciones vigente, por lo que el caso se mantiene en proceso de investigación.
La incautación de este cargamento se produce en el marco de la agudización de la crisis energética que afecta a Cuba desde mediados de 2024, intensificada en 2026 por el incremento de las restricciones petroleras e insulares impuestas por Washington.
El desabastecimiento de combustible ha impactado severamente la capacidad de generación eléctrica de las centrales térmicas de la isla, derivando en interrupciones continuas del servicio eléctrico y un estancamiento en la actividad productiva.
La situación se suma a las limitaciones en el suministro de insumos básicos como medicamentos y alimentos, en medio del cerco financiero aplicado contra entidades multilaterales o corporativas que mantienen relaciones comerciales con La Habana.
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