Foto-Congreso
La Comisión de Acusaciones Constitucionales, que preside el diputado Daniel Varas Seguín (Juntos por el Perú), aprobó por unanimidad remitir al Pleno de la Cámara de Diputados el informe final de la Denuncia Constitucional 00012 (ex 403), contra Pedro Castillo y Walter Ayala, ante el próximo vencimiento de la prerrogativa funcional de uno de los denunciados, previsto para el 15 de noviembre del presente año.
La denuncia fue formulada por Patricia Benavides Vargas, exfiscal de la nación, contra José Pedro Castillo Terrones, expresidente de la república; y Walter Edison Ayala Gonzáles, exministro de Defensa, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal, cohecho pasivo propio, organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado, previstos en el Código Penal.
“Es decir, en 39 días, la prerrogativa de cinco años desde que dejó el cargo el hoy denunciado exministro de Defensa caducará”, expresó el asesor del grupo de trabajo durante la sustentación del informe.
El documento recomienda acusar a Walter Ayala Gonzáles por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad y cohecho pasivo propio. Según el informe, se recabaron elementos de convicción que evidenciarían la instrumentalización de su cargo para vender ascensos y favorecer indebidamente a terceros.
Asimismo, recomienda acusarlo por los presuntos delitos de abuso de autoridad, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado, al haber actuado, según el documento, como intermediario y gestor de intereses ilícitos del presidente y de terceros, vulnerando sus deberes funcionales.
En cambio, plantea archivar el extremo referido al delito de organización criminal, al considerar que no se acreditó la existencia de una estructura criminal paralela distinta a la estatal. También señala que los delitos atribuidos no satisfacen el estándar de gravedad exigido por la Ley 32138, bajo el principio de favorabilidad.
El informe propone, además, el levantamiento de fuero de los acusados para que el Ministerio Público proceda conforme a sus atribuciones respecto de los delitos funcionales identificados.
Acerca del autor
