Artículo de opinión
Lo ocurrido la noche del domingo en Trujillo no es solo un episodio anecdótico: es una evidencia de que el Ministerio de Defensa ha comenzado a invadir funciones policiales, mientras la Policía Nacional del Perú se repliega —silenciosa, subordinadamente— ante un ministro sin trayectoria en seguridad ni mando operativo. Aquella escena fue grotesca y reveladora: Rafael Belaúnde Llosa, trajeado con ropa de faena, relajado —casi en actitud de superior jerárquico—, interrogando a un jovensucho, presuntamente detenido vinculado al crimen que estremeciera la noche anterior a Trujillo. A su costado, el general Óscar Arriola —comandante general de la PNP— parecía algún acompañante sin voz ni autoridad.
¡Aquella imagen es institucionalmente inadmisible! Jamás ningún ministro de Defensa encausa interrogatorios, tampoco participa en diligencias policiales, menos se coloca frente a un imberbe detenido como si fuera jefe operativo de alguna unidad de investigación. Esa función corresponde exclusivamente a la Policía Nacional y al Ministerio Público. La presencia de Belaúnde en ese rol no solo desnaturaliza la cadena de mando: la destruye, en un momento en que la criminalidad demanda profesionalismo, no protagonismos.
El Ministerio del Interior, lejos de corregir aquel desorden, emitió esa noche un comunicado que agrava la situación. En lugar de reafirmar la autoridad policial, optó por resaltar las “dotes” del ministro de Defensa, como si la intromisión del titular de otro sector en un caso policial fuera un mérito, no una infracción a la estructura institucional. Peor aún: justificó la ausencia del ministro del Interior alegando “razones familiares”, como si la crisis de seguridad más grave del momento fuera algún evento prescindible para el responsable político del sector.
Semejante mensaje es devastador: mientras el país enfrenta mafias que asesinan, extorsionan y secuestran, el ministro del Interior está ausente y el ministro de Defensa ocupa su lugar, sin competencia legal para hacerlo. ¡Y la Policía Nacional, representada por su comandante general, observa en silencio!
Esto se agrega a la ya cuestionada idoneidad de Belaúnde para el cargo. Un economista sin formación militar ni experiencia en seguridad estratégica, que llegó al Ministerio de Defensa por cálculo político —y no por mérito alguno—, ahora aparece en primera línea de una investigación policial como si fuera jefe de operaciones. Su intentona de atentado en Cañete —que la Policía atribuyó a una “confusión” vinculada a disputas locales— le sirvió para construir una narrativa de “experiencia en seguridad” que no existe. ¡Y anoche, esa narrativa se transformó en actuación impropia!
El Perú no puede permitirse ministros que confunden autoridad con protagonismo, ni generales que aceptan ser desplazados en sus propias obligaciones. La seguridad nacional exige claridad de funciones, respeto a la institucionalidad y liderazgo técnico. Lo que presenciamos anoche fue exactamente lo contrario: improvisación, desorden y una peligrosísima distorsión de la cadena de mando.
¡En un país sitiado por el crimen, la imagen de un ministro impertinente interrogando detenidos —mientras el jefe policial observa— es, más que un error, una señal de alarma! ¡Una coyuntura que la presidenta Keiko Fujimori jamás debe permitir!
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