La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una serie de reformas constitucionales dirigidas a modificar ocho artículos de la Carta Magna, según expuso el presidente del Parlamento, Gustavo Porras. De acuerdo con la versión legislativa, el dictamen fue elaborado tras un proceso de consulta nacional a cargo de la Comisión Especial de Carácter Constitucional, en el cual se registró la participación de representantes de diversos sectores sociales, gremiales e instituciones del Estado.
Entre las principales disposiciones aprobadas se encuentra la prohibición expresa de aplicar en el territorio nacional leyes de carácter extraterritorial promulgadas por gobiernos extranjeros, bloques de países u organizaciones internacionales. Asimismo, el marco normativo establece la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos o de elección popular a ciudadanos involucrados en actos calificados por la norma como golpismo, traición a la patria, o que hayan promovido sanciones, intervenciones militares o financiamiento externo, así como a quienes contravengan los principios de la Constitución.
El paquete de reformas introdujo también la extensión del periodo de mandato a siete años para las autoridades de elección popular, funcionarios designados por el Poder Ejecutivo y servidores ratificados por el Poder Legislativo. Esta temporalidad de siete años se aplicará de igual forma al comandante en jefe del Ejército de Nicaragua y a la jefatura de la Policía Nacional. Además, se modificó la fecha oficial de la toma de posesión presidencial, fijándola para el 18 de enero, en conmemoración del nacimiento del poeta Rubén Darío.
En materia comicial, el texto aprobado amplía las competencias del Consejo Supremo Electoral (CSE), otorgándole atribuciones para supervisar, sancionar y revocar la personería jurídica de partidos políticos o candidaturas que contravengan los preceptos constitucionales vigentes.
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