La medida suspende garantías constitucionales específicas y establece un comando unificado con participación del sector Defensa.
El Gobierno oficializó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un periodo de 60 días calendario, con el objetivo de contrarrestar el incremento de la criminalidad y los hechos de violencia. La disposición fue formalizada mediante el Decreto Supremo N.º 123-2026-PCM, publicado en la separata de Normas Legales del diario oficial El Peruano, y cuenta con la suscripción de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, junto a los integrantes del Gabinete Ministerial.
Durante la vigencia del decreto, la Policía Nacional del Perú (PNP) focalizará las operaciones sobre la base de informes de inteligencia, estadísticas y mapas del delito. La declaratoria implica la restricción o suspensión de derechos constitucionales clave, tales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. En ese sentido, los eventos públicos o masivos de índole religiosa, cultural o deportiva requerirán autorización previa de las autoridades competentes, mientras que las actividades no masivas continuarán sin necesidad de permiso.
Las intervenciones combinadas de la PNP y las Fuerzas Armadas se regirán estrictamente bajo los marcos legales del uso de la fuerza. Asimismo, la norma dispone la sesión permanente de los comités de seguridad ciudadana (CONASEC, CORESEC y COPROSEC) y crea el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), liderado por la Comandancia General de la PNP.
En el ámbito penitenciario, se implementarán medidas severas como la desconexión del fluido eléctrico en celdas —salvo para iluminación básica— y el desmontaje de antenas de telecomunicación ilegales custodiadas por fuerzas integradas en los perímetros de los penales.
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