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Artículo de opinión
Hace catorce días, Keiko Fujimori juramentó como jefa de Estado y jefa de Gobierno, la primera en nuestra bicentenaria historia republicana elegida por voto popular directo.
Trece días antes, recibió del Jurado Nacional de Elecciones la credencial oficial de presidenta electa. A partir de ese momento, fue posible que los grupos formados bajo su liderazgo entraran de lleno en las complejas tareas del proceso de transferencia en todas las entidades que conforman el Poder Ejecutivo, comenzando por casi una veintena de ministerios y decenas de otras instituciones públicas adscritas a ellos.
Ciertamente, fue escaso el tiempo dejado para la transferencia, debido al largo proceso de conteo y validación de los votos emitidos en la segunda vuelta presidencial realizada el domingo 7 de junio, lo que, sin duda, evidencia que se requiere una urgente revisión y modificación de la normativa electoral. Baste señalar que, en un caso cercano en tiempo y espacio, el de Colombia, ya a los tres días de realizada una elección similar, se declaró oficialmente al ganador. Me detengo un momento para expresarle al hermano pueblo de nuestro país vecino mi solidaridad ante el gran desafío que hoy le ha puesto la naturaleza.
Junto con la designación de los equipos de transferencia y el seguimiento de su labor, la flamante presidenta de la República tuvo que formar su primer Gabinete Ministerial, comenzando por el presidente del Consejo de Ministros y, conjuntamente con él, designar a los restantes ministros o titulares de los sectores que lo integran. Todo ello conforme a lo previsto por una norma específica de la Constitución Política del Perú (art. 122).
Bastó una semana de labor de los equipos de transferencia para constatar que el nuevo Gobierno recibe un aparato estatal en situación “catastrófica”, expresión reiterada por la presidenta Fujimori en su primer mensaje a la Nación.
Como tengo señalado, en los últimos 25 años no solo no se avanzó lo necesario, sino que se retrocedió en cuanto a la gestión de los servicios públicos, sobre todo los referidos a salud, educación y seguridad. Todo ello, pese a contar el Estado con enormes recursos, producto de las reformas estructurales llevadas a cabo en el sistema productivo del país en los años 90 y que fueron mantenidas y protegidas por el marco constitucional que, durante esos mismos años, el fujimorismo defendió sin desmayo.
Que tal o cual ministro o alto funcionario recién designado no me guste es natural, pero no es suficiente para dudar del conocimiento, liderazgo y compromiso de la presidenta Fujimori.
¡Vamos con fuerza, amado Perú!
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