El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández retornó a su país este domingo 26 de julio, aterrizando en el Aeropuerto Internacional Palmerola tras permanecer más de cuatro años en el extranjero. Su repatriación se concretó luego de ser beneficiado con un indulto presidencial otorgado por Donald Trump, medida ejecutiva que extinguió la condena de 45 años de prisión que cumplía en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y armas.
A su llegada, el exgobernante —quien rigió la nación entre 2014 y 2022 antes de ser extraditado en 2022— fue recibido por familiares y líderes del Partido Nacional. No obstante, su retorno no implica una exoneración total, dado que el perdón otorgado por la Casa Blanca solo tiene jurisprudencia sobre las sanciones del sistema federal estadounidense y no anula los procesos penales pendientes en territorio hondureño.
El ex-jefe de Estado enfrenta un requerimiento emitido por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) en el marco del caso Pandora II. El Ministerio Público acusa a Hernández de los presuntos delitos de fraude y lavado de activos, vinculándolo a una red que desvió más de 288 millones de lempiras de fondos estatales hacia fundaciones privadas entre 2010 y 2013.
Según la tesis fiscal, aproximadamente 62 millones de lempiras de dicho origen ilícito se habrían utilizado de manera irregular para financiar sus corrientes políticas internas, específicamente los movimientos «Azules Unidos» y «Amigos de JOH».
Por su parte, la defensa técnica del ex-mandatario sostiene su inocencia, argumentando que los cargos responden a una persecución política y afirmando que la presentación voluntaria ante la judicatura local busca el debido esclarecimiento de los hechos.
Calendario judicial y contraste con coimputados de la administración Lobo
El marco legal hondureño fija para el próximo 3 de agosto la audiencia de declaración de imputado, instancia penal programada por el juez de la causa tras evaluar el retorno formal del investigado. En dicha sesión, se formalizarán los cargos de la Fiscalía y se evaluará la aplicación de medidas cautelares correspondientes.
Cabe destacar que la situación jurídica de Hernández difiere de la de otros implicados en el mismo expediente, como el expresidente Porfirio Lobo Sosa, a quien la Corte de Apelaciones ratificó un sobreseimiento definitivo. Al haber estado recluido en Nueva York, la causa de Hernández quedó reservada, por lo que su comparecencia reactiva un debate técnico y político en el país entre quienes exigen una sanción penal y los sectores de la oposición que descartan el indulto norteamericano como una credencial de absolución.
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