Comité de Derechos Humanos de la ONU extiende plazo hasta septiembre próximo para que el Estado sustente el debido proceso a Pedro Castillo.
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) extendió un plazo extraordinario hasta el 24 de septiembre de 2026 para que el Estado peruano entregue el informe oficial que sustente el respeto a las garantías del debido proceso en el juicio contra el expresidente Pedro Castillo Terrones.
Mediante una notificación formal suscrita por la relatora especial Yvonne Donders, el organismo multilateral constató que la administración peruana omitió presentar dicha documentación dentro del límite originalmente establecido, el cual venció el pasado 24 de marzo de 2026. El requerimiento internacional, derivado de las observaciones emitidas por la entidad en marzo de 2023, fue derivado formalmente a la Misión Permanente del Perú en Ginebra, liderada por el embajador y ex-canciller Elmer Schialer.
Las exigencias de la corporación internacional no se limitan a la situación legal del ex-mandatario —quien cumple mandato judicial de prisión preventiva—. El emplazamiento del Comité estipula que el reporte gubernamental debe certificar también la implementación de los protocolos sobre el uso de la fuerza civil durante manifestaciones ciudadanas, así como las salvaguardas para los recursos y territorios de los pueblos originarios y comunidades indígenas.
La disposición técnica de las Naciones Unidas restringe la extensión del documento a un máximo de 3,500 palabras, las cuales deberán enfocarse con exclusividad en los avances logrados a partir del año 2023. Debido a la proximidad de la transición presidencial, la decisión política e institucional de responder a este mandato de la judicatura internacional recaerá sobre el Ejecutivo de la mandataria electa Keiko Fujimori.
Situación penitenciaria y riesgos procesales
En el ámbito jurisdiccional interno, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia ratificó la prolongación del régimen de prisión preventiva contra el ex-jefe de Estado por un periodo adicional de 12 meses, fijando su vencimiento definitivo para el 8 de marzo de 2027. La máxima instancia del Poder Judicial desestimó el recurso de apelación de la defensa tras acreditar la subsistencia de un elevado peligro de fuga, motivado por el asilo otorgado a su núcleo familiar en México y la disposición de dicho gobierno para acoger al procesado.
Asimismo, el tribunal supremo fundamentó la vigencia de la medida cautelar en la alta complejidad del proceso penal, derivado de la investigación fiscal por organización criminal y corrupción pública que involucra a más de 90 coimputados, entre ellos ex-miembros del gabinete ministerial.
Las pesquisas comprenden las presuntas operaciones ilícitas perpetradas en las entidades estatales Petroperú, Provías Nacional y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en paralelo al expediente principal por el delito de rebelión tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Acerca del autor
