El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, hizo pública la noche de este lunes una demanda de nulidad electoral interpuesta formalmente con el objetivo de dejar sin efectos los resultados de los comicios ejecutivos de 2026. El jefe de Estado, quien sostiene la tesis de una presunta manipulación en el procesamiento de los sufragios a favor del candidato opositor, argumentó a través de sus canales oficiales que los datos oficiales no corresponden con la voluntad popular, asegurando que el proceso favorecía al senador Iván Cepeda.
El recurso contencioso administrativo cuenta con el respaldo de una red de más de 70 000 ciudadanos organizados bajo la denominación de «testigos digitales». De acuerdo con las declaraciones del mandatario, este colectivo técnico detectó inconsistencias y alteraciones algorítmicas en las trazas digitales y metadatos del sistema informático de escrutinios empleado por las autoridades electorales durante la consolidación de los votos.
Fundamentos jurídicos e inconsistencias técnicas del proceso
La acción judicial se concentra en cuestionar la seguridad informática y la cadena de custodia de las actas de votación mediante los siguientes puntos críticos:
El documento técnico consta de 61 páginas y fue radicado formalmente el 17 de julio de 2026 ante la Sección Quinta del Consejo de Estado. La demanda impugna directamente la Resolución E-3181 emitida el 24 de junio de 2026, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó oficialmente a Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente electos para el periodo constitucional correspondiente.
La argumentación central señala una vulneración en los estándares de auditoría del sistema de preconteo y escrutinio en comparación con las garantías implementadas en los comicios de 2022. Los demandantes sostienen que se redujeron los parámetros de trazabilidad, integridad e identificación digital de las actas E-14 publicadas en la plataforma web.
El análisis forense presentado indica que, a diferencia de los archivos de 2022 que poseían metadatos y códigos específicos por mesa, las muestras digitales de 2026 exhiben nomenclaturas genéricas, campos vacíos del productor del documento y registros identificados de forma anómala como mesa «000», careciendo de fechas verificables de creación o modificación.
Debilitamiento documental y pretensiones de la acción judicial
El análisis cuestiona la estructura física y digital del soporte de votación, advirtiendo riesgos en la validación de los jurados y solicitando medidas correctivas plenas:
El texto de la demanda advierte una falla en el principio de unidad documental, debido a que las firmas de los jurados de votación quedaron registradas en una página independiente del cuerpo que contiene el conteo de los votos. Según el equipo legal, esta separación metodológica debilita la seguridad del acta y abre la posibilidad técnica para la sustitución o recombinación de los folios.
Ante estos hallazgos, la pretensión principal exige la nulidad absoluta del acto de elección, mientras que las solicitudes subsidiarias demandan la ejecución de un nuevo escrutinio general, auditorías forenses judiciales e inspecciones técnicas detalladas a las bitácoras, registros hashes y versiones originales del software electoral.
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