El Ministerio Público sustentó elementos de convicción concluyentes que determinaron la responsabilidad penal del imputado, aplicando la máxima sanción prevista en la legislación penal frente a delitos de violencia sexual infantil.
La Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Paita obtuvo una sentencia de cadena perpetua contra Víctor Nima (39), tras demostrarse su responsabilidad penal en los delitos de violación sexual y tocamientos indebidos en agravio de una menor de edad. De acuerdo con el expediente oficial del Ministerio Público, los abusos se perpetraron en el asentamiento humano Nuevo Porvenir, ubicado en la provincia de Paita, departamento de Piura, lugar donde el ahora condenado residía bajo la condición de inquilino en la misma vivienda que cohabitaba la víctima.
La carga de la acusación estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Ethy Lama Arvildo, quien acreditó la culpabilidad del procesado mediante la presentación de órganos de prueba concluyentes durante la etapa de juicio oral. El caudal probatorio incluyó el certificado médico legal, declaraciones testimoniales y el protocolo de pericia psicológica de la víctima, elementos técnicos que destruyeron la presunción de inocencia del imputado.
Las indagaciones fiscales determinaron que las agresiones comenzaron en el año 2023, cuando la menor tenía 10 años de edad, valiéndose el agresor del entorno doméstico y de la confianza facilitada por la convivencia para cometer los actos ilícitos penales.
Frente a la incidencia de delitos contra la indemnidad sexual y la violencia familiar, el Estado peruano, a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Programa Nacional Aurora (bajo su denominación actual), mantiene activos diversos canales de asistencia jurídica y psicológica.
Entre las principales herramientas de soporte institucional destacan los Centros Emergencia Mujer (CEM), que ofrecen asesoría legal, contención psicológica y apoyo social gratuito a nivel nacional mediante 436 dependencias, de las cuales 186 atienden de forma permanente (24 horas) en delegaciones policiales, incluyendo el servicio ubicado en el centro de salud Santa Julia en Piura.
Asimismo, se encuentra operativa la Línea 100, una plataforma de ayuda telefónica gratuita y confidencial con cobertura nacional que brinda orientación en castellano, quechua y aimara.
Este ecosistema de protección se complementa con el Servicio de Atención Urgente (SAU) para casos de riesgo severo, el Servicio de Atención Rural (SAR) enfocado en comunidades alejadas, el Chat 100 para asesoría en línea, y los Hogares de Refugio Temporal (HRT).
Finalmente, el marco normativo de la Ley N.º 30364 contempla tanto la reeducación de agresores sentenciados mediante los Centros de Atención Institucional (CAI) como la asignación de asistencia económica estatal para salvaguardar el desarrollo y la continuidad educativa de los menores afectados por violencia de género extrema.
Acerca del autor
