Referencial.
El Poder Ejecutivo formalizó los Lineamientos estratégicos para la mejora de la calidad regulatoria en gobiernos regionales y locales, una hoja de ruta técnica diseñada para que las administraciones subnacionales emitan normativas eficientes y reduzcan la carga burocrática sobre la ciudadanía. Esta estrategia nacional es dirigida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Gestión Pública, y actúa como un pilar para consolidar el proceso de descentralización.
Al optimizar el marco normativo en los niveles de gobierno más cercanos a la población, el Estado busca disminuir los costos operativos, agilizar los procedimientos administrativos y consolidar un entorno de seguridad jurídica idóneo para la inversión privada y el crecimiento económico local.
La aplicación de estos instrumentos metodológicos no responderá a un esquema rígido o centralizado, sino que permitirá a cada pliego regional o municipal adaptar las herramientas de gestión según sus capacidades institucionales y su realidad geográfica.
De acuerdo con el cronograma oficial de la PCM, la fase piloto iniciará durante el año 2027 mediante un proceso de selección de gobiernos regionales y municipalidades priorizadas. Posteriormente, a partir del año 2030, se ejecutará una ampliación anual y escalonada de la cobertura para incorporar a nuevos municipios, proyectando una cobertura e institucionalización de la calidad regulatoria a escala nacional.
Participación ciudadana y alineamiento con los estándares de la OCDE
La reforma administrativa pretende optimizar la transparencia y promover la cocreación de políticas públicas mediante mecanismos que faciliten la intervención activa de los ciudadanos en la formulación de ordenanzas y disposiciones locales.
Este avance en los gobiernos descentralizados complementa las reformas que el Poder Ejecutivo ha ejecutado en los últimos años en concordancia con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Dicho alineamiento internacional ha permitido al país reestructurar sus procesos normativos internos, eliminar exigencias e incentivar un modelo de gestión pública basado en la evidencia técnica y el análisis de impacto.
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