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La fiscalía demostró que el oficial utilizó su cargo para negociar las respuestas de la evaluación institucional, facilitando el depósito ilícito a cuentas de su entorno.
El Poder Judicial dictó sentencia condenatoria contra el comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP) en retiro, Jorge Sánchez, exdirector de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional (EESTP) de Huancavelica, tras hallarlo responsable del delito de cohecho pasivo propio. La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios demostró que el ex-jefe policial filtró en octubre de 2020 el banco de preguntas resuelto de una prueba de suficiencia profesional exigiendo un beneficio económico ilícito de S/100 por cada postulante.
La resolución del Ministerio Público alcanzó también a seis suboficiales de la institución, quienes efectuaron el pago respectivo con la finalidad de obtener de manera fraudulenta su titulación técnica profesional.
Modus operandi y pruebas forenses de la filtración por WhatsApp
De acuerdo con el sustento penal del fiscal adjunto provincial Christian Henry Huamán Ramos, los involucrados utilizaron redes de mensajería y transacciones financieras para consumar el ilícito. El material resuelto con «las fijas» de la evaluación fue distribuido formalmente en grupos de WhatsApp a cambio de abonos de dinero en efectivo que se canalizaron a través de una persona intermediaria de confianza de la dirección.
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios corroboró el esquema delictivo mediante peritajes informáticos de análisis digital forense que permitieron recuperar audios explícitos del ex-director solicitando las dádivas, además de reportes bancarios de los depósitos de los suboficiales y un cuestionario con respuestas resueltas incautado a la facilitadora durante los actos iniciales de investigación.
Inhabilitación, sentencias suspendidas y reparación civil al Estado
El fallo judicial impuso a Jorge Sánchez una pena de cinco años de privación de la libertad de carácter suspendida bajo un periodo de prueba de tres años, sujeta a reglas de conducta obligatorias, además de decretar cinco años de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier cargo en la administración pública.
Por su parte, los suboficiales Andiela Aguilar, Jhislend Auquilla, Lisbett Huamán, Fernando Yaringaño, Junior Díaz y Luis Nestares recibieron una sanción de cuatro años de prisión suspendida por actuar como receptores y beneficiarios del fraude. La magistratura determinó finalmente que los siete sentenciados deberán abonar solidariamente una reparación civil de S/40,000 en favor del Estado Peruano por atentar contra la meritocracia, la ética y la idoneidad institucional.
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