Presidente del Congreso y ADOGEN abordan la incorporación del delito de lesa humanidad al Código Penal.
El presidente interino del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, sostuvo una reunión de trabajo institucional con los miembros directivos de la Asociación de Oficiales, Generales y Almirantes del Perú (Adogen).
El encuentro con la organización, que congrega a los altos mandos en situación de retiro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, tuvo como eje central evaluar el estado de los procesos jurisdiccionales que afrontan los efectivos militares y policiales que participaron en las operaciones de pacificación nacional contra el terrorismo. Los representantes gremiales solicitaron la priorización del dictamen legislativo que incorpora formalmente la tipicidad de los crímenes de lesa humanidad dentro del Código Penal, argumentando la necesidad de dotar de predictibilidad y seguridad jurídica a los fallos de los magistrados del Poder Judicial.
El titular del Parlamento y autor de la iniciativa normativa explicó que el dictamen busca establecer, por primera vez dentro de la codificación interna, una regulación de carácter específico y restrictivo sobre los delitos de lesa humanidad, guardando correspondencia con las disposiciones convencionales vigentes a partir de la ratificación del Estatuto de Roma del año 2000.
La propuesta técnico-jurídica estipula de forma taxativa que, de no acreditarse los elementos constitutivos de un crimen de lesa humanidad, los hechos deberán readecuarse y procesarse bajo la figura de delitos comunes, aplicando estrictamente los plazos de prescripción y las penas reguladas en la legislación ordinaria nacional.
Adecuación al marco jurisprudencial del Tribunal Constitucional
Rospigliosi precisó que la formulación de este proyecto de ley no constituye una medida aislada, sino que responde de manera directa a una recomendación exhortativa emitida por el pleno del Tribunal Constitucional (TC) en la sentencia que validó la constitucionalidad de la Ley N.° 30107. Según el bloque doctrinal del legislador, la falta de delimitación del tipo penal ha propiciado interpretaciones extensivas por parte de los operadores de justicia al momento de calificar hechos pasados.
“Hemos conversado sobre las acciones que desarrollaremos para seguir luchando contra las arbitrariedades que comete el sistema judicial”, manifestó el presidente del Poder Legislativo al concluir el intercambio técnico con las delegaciones de oficiales.
Afectación judicial a oficiales en situación de retiro y balances sectoriales
Por su parte, los representantes de la Adogen denunciaron la persistencia de sesgos interpretativos en las fiscalías y juzgados penales supraprovinciales. Sostuvieron que diversos magistrados emiten autos de apertura de instrucción y sentencias condenatorias bajo la etiqueta de lesa humanidad sin que los sucesos cumplan con los estándares internacionales requeridos, tales como la existencia comprobada de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil y en ejecución de una política estatal organizada.
- Población judicializada: De acuerdo con los registros de la asociación, cerca de 50 oficiales con el grado de general enfrentan actualmente causas abiertas bajo esta calificación jurídica.
- Vulnerabilidad etaria: La dirigencia alertó que el grueso de los imputados pertenece a la tercera edad, registrándose casos de coinvestigados que fallecieron en prisión preventiva antes de recibir una sentencia firme.
El teniente general F.A.P. en situación de retiro, Carlos Alberto Bohorquez Castellares, vicepresidente de la Adogen, enfatizó que las fallas estructurales dentro de los subsistemas de derechos humanos del Poder Judicial desnaturalizan la tutela procesal efectiva, urgiendo al Parlamento a sancionar la ley para evitar la aplicación retroactiva perjudicial de los tratados internacionales.
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