Foto: Antero Flores Aráoz
Artículo de opinión
Aunque cierto, es insólito que el Congreso de la República haya sancionado la ley de creación de la Universidad Nacional Agraria Juan Velasco Alvarado de Majes, la cual promulgó el presidente de la República bajo el N.° 32639 y fue publicada en el diario oficial El Peruano el 10 de junio en curso, hace un par de días.
Decimos que es insólito no porque se encuentre dentro de la vorágine populista del actual Parlamento de estar creando infinidad de universidades, sin siquiera contar con estudios serios de factibilidad educativa ni con la disposición de los recursos fiscales para ellas, sino, además, por la posibilidad de no tener suficientes estudiantes ni catedráticos en sus zonas de influencia.
Ponerle a la universidad en cuestión el nombre de Juan Velasco Alvarado es lesivo por muchas razones. La primera de ellas, porque fue un golpista que cerró el Parlamento el 3 de octubre de 1968 y nos tuvo sin Poder Legislativo durante doce años. La segunda, porque el golpe lo dio al gobierno de don Fernando Belaunde Terry, fundador del partido Acción Popular y su líder por varias décadas. Sin embargo, los congresistas de esa misma agrupación política —a los que llaman “los Niños”— votaron a favor de tal ley, sin siquiera un voto en contra o una abstención que pudiese lavarles la cara.
El golpe al gobierno de don Fernando Belaunde Terry tuvo agravantes, pues, en nocturnidad, fue asaltado el Palacio de Gobierno, se tomó preso al presidente de la República y se le expulsó hacia Argentina, violándose todos sus derechos.
Hay que recordar que el golpe de Velasco Alvarado tuvo como pretexto la famosa página 11 del acuerdo para terminar con el dominio petrolero de la International Petroleum Company (IPC), cuyo denunciante, Carlos Loret de Mola, en su libro La página once, tuvo que reconocer que tal página no estuvo suscrita por uno de los contratantes, lo que equivale a su inexistencia jurídica.
Por lo demás, es bueno recordar que, en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se crearon infinidad de empresas públicas de dudosos beneficios para el país y, lo peor, se hizo la famosa reforma agraria con conocidísimos abusos que hasta ahora no han sido compensados, y con entrega de bonos de diminuto valor, muchísimos de los cuales hasta los presentes días no han sido pagados.
Denominar con el nombre del dictador a una universidad de especialidad agraria es más grave que una tomadura de pelo, y ello debería ser corregido. Esperamos que los congresistas serios —que también los hay— gestionen un proyecto de ley en tal sentido, para que esta barbaridad legislativa sea corregida cuanto antes.
Por lo expuesto —y sin que sea un atenuante para lo narrado—, también debería quitarse el nombre de Juan Velasco Alvarado a las unidades educativas 1711 y 6067, así como al Instituto de Educación Superior Tecnológico ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo.
Recuérdese que, en los aniversarios institucionales, se hace alusión y se destaca a la persona cuyo nombre lleva la respectiva institución y, si el nombre es Juan Velasco Alvarado, no hay nada bueno que resaltar, aunque sí muchas deficiencias que existieron y cuyos efectos aún deben corregirse.
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