Foto: Caretas
Artículo de opinión
El sistema electoral peruano no fue diseñado para sostener una presidencia que se decide por un puñado de votos. Es el verdadero problema que esta elección dejó al descubierto… No el fraude.
El Perú es adicto a los finales estrechos. Lo fue en 2016, lo fue en 2021 y lo es en 2026, cuando la diferencia a la fecha entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez es poco más de mil votos sobre un padrón de veinte millones. No es una anomalía estadística, ni una maldición. El país está partido casi exactamente por la mitad. Cada cinco años le pide a su arquitectura electoral una proeza para la que nunca fue construida: convertir un empate técnico en una autoridad legítima e indiscutida. Esa arquitectura responde con la única herramienta que conoce: el tiempo.
¡Más de un mes! separa la noche del voto de la proclamación oficial. Sin presidente electo y con la expectativa en suspenso, estamos sometidos al goteo de las actas y al humor de las redes. El responsable no es un partido ni un candidato. Es un diseño institucional que todos —el gobierno entrante, la oposición y las propias autoridades electorales— deberíamos reconocer como punto de partida común, antes de que la próxima elección reñida lo transforme en crisis abierta.
¿Cómo se fabricó la desconfianza? La noche del 7 de junio, el conteo rápido entregó una primera fotografía que favorecía a Sánchez. El cómputo oficial, más lento y más exacto, terminó inclinando la balanza al otro lado. Cuando dos candidatos están separados por décimas, ninguna muestra puede declarar un ganador. Solo se conoce cuando se cuenta la última mesa. El ciudadano durmió creyendo una cosa y despertó con otra. Finalmente, todo huele a manipulación… pero no lo es. La diferencia entre lo que es y lo que parece, es precisamente el terreno de batalla.
Al desfase entre el dato y su percepción, hay que sumar una torpeza descomunal: por unos minutos, la página del propio Jurado Nacional de Elecciones mostró a una candidata como «presidenta electa»… luego lo retira y dio explicaciones. Fue un error informático, sin mala fe. Pero en un clima tenso donde cada gesto se interpreta como señal, este error sirve de munición. La institución que debería dar certezas termina alimentando la sospecha por sus descuidos.
Nada de esto significa fraude. Transparencia, la Defensoría del Pueblo y las misiones de observación coincidieron: la jornada fue limpia y el conteo es confiable. El problema no es el escrutinio, es el relato. La incapacidad del sistema para autoexplicarse con la misma velocidad que circula la duda.
El espejo regional marca con claridad dónde está la línea roja. Bolivia, en 2019, no se hundió por un margen estrecho, sino por la opacidad. Un conteo preliminar se apagó sin aviso, hayaron servidores ocultos y la transición terminó con muertos. Honduras, en 2017, repitió el guion de la sospecha; los resultados se congelaron mientras el liderazgo cambiaba de manos. En cambio, Estados Unidos sobrevivió el 2000 —cuando la presidencia se decidió en Florida por unos cientos de votos— porque, pese a la tensión y a una Corte Suprema dividida, sus instituciones aguantaron y el perdedor reconoció la derrota sin llegar a las calles. Lo que destruye la legitimidad no es la estrechez del resultado, sino la opacidad con que se administra. Un margen tan corto no permite distracciones.
El costo no es solo político. Los mercados, que leen la incertidumbre, castigaron la espera: el sol se debilitó, la bolsa se sacudió y el BCR tuvo que poner orden. Es cierto, existe un colchón de reservas para protegernos del sobresalto; nuestra solvencia macroeconómica sigue siendo lo mejor en medio del ruido. Pero ningún colchón es infinito, y la inversión productiva —que crea trabajo formal y que decide si una mina o una carretera avanzan— no espera con la misma paciencia.
La solución no exige una reforma constitucional ni un milagro. Exige decisiones de comunicación y de calendario, que son baratas y de alto retorno. La OEA ya lo recomendó: que exista un resultado preliminar oficial, una voz autorizada que llene el vacío que hoy ocupan el rumor y la especulación. Hay que añadir una pedagogía casi escolar, que distinga el conteo rápido del cómputo oficial y este de la proclamación, para que el ciudadano sepa siempre qué está mirando y cuánto vale. Por último, plazos de impugnación más cortos, sin sacrificar la doble instancia que protege el debido proceso. Colombia resuelve en horas lo que a nosotros nos toma semanas. No se trata de copiarnos, sino de demostrar celeridad y garantías.
Sin embargo, esto requiere un liderazgo a la altura. No es el caudillo que reclama triunfo cuando las actas no lo favorecen, ni el opositor que insinúa fraude sin pruebas. Es el de quien tiene la serenidad de esperar en público, de explicar que la demora es parte del proceso y no una trampa, de aceptar un resultado ajustado con la misma dignidad con que celebraría uno aplastante. En un país acostumbrado a los empates, la templanza no es debilidad: es la mayor responsabilidad democrática.
Perú debe corregirse antes del próximo final cerrado, que sin duda llegará. Una democracia no se mide por la holgura de sus mayorías, sino por la solvencia para sostenerse en los márgenes más estrechos. Basadre dijo: el Perú es, a la vez, un problema y una posibilidad. Esta vez la posibilidad cabe en un puñado de votos. Sería imperdonable desperdiciarla.
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