Declaración parlamentaria advierte el uso de mecanismos constitucionales frente a las acciones coercitivas de las protestas.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denunció formalmente que facciones de la criminalidad organizada y el narcotráfico instrumentalizan las masivas protestas sociales que exigen su dimisión al cargo. Frente a la agudización del conflicto, el jefe de Estado -quien asumió el mando hace siete meses quebrando dos décadas de gestiones socialistas de Evo Morales y Luis Arce- promulgó una severa normativa regulatoria que lo faculta a decretar el estado de excepción a nivel nacional.
Esta herramienta legal habilita la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno y autoriza la restricción temporal de las libertades civiles de reunión y libre tránsito en las zonas declaradas en emergencia.
Impacto del desabastecimiento urbano y el principio de autoridad
La crisis social, que cumple su quinta semana consecutiva, es impulsada por gremios de obreros, mineros, transportistas y comunidades campesinas a través de bloqueos viales estratégicos que mantienen aisladas a las principales urbes del país.
En las ciudades de La Paz y El Alto, la interrupción del flujo logístico provocó la duplicación de los precios de los productos de primera necesidad, el racionamiento de carburantes en estaciones de servicio y un desabastecimiento crítico de insumos médicos en la red de hospitales públicos. Ante la demanda ciudadana de poner fin a las medidas de fuerza, el Poder Ejecutivo respaldó las operaciones de desbloqueo ejecutadas por la Policía Nacional con apoyo militar, las cuales derivaron en fuertes enfrentamientos y dejaron un saldo de cuatro efectivos policiales heridos por proyectiles de arma de fuego.
Geopolítica regional y el debate por el origen de la crisis económica
En el plano de las relaciones exteriores, la administración del presidente Paz -que consolidó una nueva alianza estratégica con el gobierno estadounidense de Donald Trump- denunció ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) un presunto plan de desestabilización democrática orquestado por el expresidente Evo Morales. Por su parte, Morales -quien actualmente enfrenta una orden de captura por presuntos delitos de trata de personas- calificó las protestas como una «rebelión popular» en contra de las políticas de ajuste de la actual gestión derechista.
El malestar social se alimenta del descontento civil frente a las reformas fiscales implementadas por Paz, incluyendo la eliminación del subsidio estatal a los combustibles en diciembre pasado, una medida destinada a frenar la aguda escasez de divisas y el agotamiento de las reservas internacionales heredadas del periodo gubernamental precedente.
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