El Ministerio Público pidió al Poder Judicial ampliar el plazo de la investigación preparatoria seguida contra el expresidente Ollanta Humala y otros involucrados por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en la base militar Madre Mía en la década de 1990, etapa en la que el exmandatario estuvo al frente de dicha instalación militar.
El pedido fue presentado por la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, con sede en Lima Centro. Esta fiscalía conduce las investigaciones contra Humala, el exsuboficial del Ejército Amílcar Gómez y otros tres militares, quienes son investigados por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de Edgardo Isla Pérez y Nemer Acuña Silva.
La instancia fiscal investiga también al exmandatario por el presunto delito de desaparición forzada en agravio de Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Hoyos Sagástegui, Hermes Estela Vásquez y Yandel Leandro Zúñiga.
El Ministerio Público sostuvo que esta ampliación resulta necesaria para completar varias diligencias que aún no han sido concluidas. La solicitud también obedece a que el periodo inicial de ocho meses fijado para esta investigación, considerada de carácter complejo, expiró el último 24 de mayo.
El pedido de ampliación fue remitido al despacho del juez Jorge Chávez Tamariz, quien fijó para el lunes 1 de junio, a las 11:00 a.m., una audiencia virtual en la que participarán las partes involucradas. Durante esta sesión se analizará el requerimiento para posteriormente emitir una resolución en los próximos días.
Como se recuerda, en 2009, la Corte Suprema ordenó el sobreseimiento del proceso penal seguido contra Ollanta Humala por el caso Madre Mía, tras concluir que no existían elementos suficientes para llevarlo a juicio oral.
En la actualidad, Humala cumple una condena de 15 años de prisión en el penal de Barbadillo, ubicado en Ate. La sentencia fue dictada el 15 de abril de 2025 por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, que lo halló responsable del delito de lavado de activos en agravio del Estado por los aportes ilícitos destinados a financiar sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.
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