El Consejo de Ministros, presidido por el jefe de Estado, José María Balcázar, aprobó un paquete integral de medidas extraordinarias orientadas a mitigar las distorsiones de costos en el sector transportes, financiar el cierre de brechas sociales, atender las contingencias climáticas por precipitaciones y reforzar la seguridad en el cordón fronterizo norte.
A través de un decreto de urgencia, se oficializó el otorgamiento de un subsidio económico temporal, con una vigencia de dos meses, destinado a los operadores de transporte urbano, interprovincial y de carga pesada que operan en Lima, Callao y el interior del país. La subvención estatal se fijó en S/ 4.00 por galón de diésel (B5 y B20), demandando una inversión pública total de S/ 33.8 millones.
Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, subrayó que la disposición busca neutralizar el impacto del incremento internacional de los carburantes en la canasta básica familiar, garantizando la continuidad de la cadena de suministros bajo este mandato de transición.
Requisitos de elegibilidad y fiscalización del subsidio
La norma legal estipula criterios rigurosos de fiscalización para las empresas y personas naturales que pretendan acceder al beneficio fiscal. El esquema de focalización exige de manera obligatoria que los transportistas cuenten con autorizaciones de ruta y habilitaciones vehiculares vigentes emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), gobiernos regionales o municipios provinciales competentes.
Asimismo, las unidades operativas deberán registrar un Registro Único de Contribuyentes (RUC) en estado activo y con condición de habido ante la Sunat. El control del consumo se efectuará mediante la validación electrónica de comprobantes de pago emitidos exclusivamente por proveedores mayoristas o estaciones de servicio inscritas formalmente en el Registro de Hidrocarburos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
Créditos suplementarios, sector educación y estados de emergencia
En el plano de la política fiscal, el gabinete ministerial dio luz verde al proyecto de Ley de Créditos Suplementarios, instrumento financiero diseñado para asegurar la continuidad de los servicios del Estado, financiar obras públicas en fase de culminación con adecuados ratios de eficiencia presupuestal y garantizar los recursos logísticos de la transición democrática.
La asignación de estas partidas complementarias quedó sujeta a la capacidad técnica de ejecución demostrada por los tres niveles de gobierno. Adicionalmente, el fondo garantiza los recursos para el cumplimiento de bonificaciones pendientes en el sector Educación y el desembolso correspondiente a las gratificaciones de julio para el personal contratado bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
Paralelamente, con el propósito de mitigar los desastres naturales, el Ejecutivo extendió por un periodo de 60 días calendario el estado de emergencia en 41 distritos distribuidos en las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima y Pasco. Esta prórroga busca viabilizar los presupuestos destinados al encauzamiento y limpieza de ríos afectados por las lluvias intensas, así como asegurar las prestaciones de contingencia en los sectores de Salud, Educación y Vivienda en favor de los damnificados.
Control territorial en Tumbes y ordenamiento sectorial
En materia de orden interno y defensa nacional, el Consejo de Ministros prorrogó el estado de emergencia en la provincia de Zarumilla e integró bajo este mismo régimen de excepción a la provincia de Tumbes por un lapso de 60 días.
La medida faculta a la Policía Nacional del Perú, con el soporte táctico de las Fuerzas Armadas, a intensificar los operativos de control de identidad, interdicción contra el crimen organizado transfronterizo, sicariato, extorsión y contrabando. Para coordinar estas operaciones terrestres, se dispuso la creación del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), ente que centralizará el patrullaje integrado en los pasos fronterizos con el Ecuador.
Finalmente, en el plano normativo y de promoción sectorial, el Ejecutivo visó el proyecto de ley para elevar a la categoría de «villa» a los centros poblados de Casa Grande, Chatito y Vichayal en la región Piura, y declaró de interés nacional la organización del I Foro Internacional “Uranio y Litio”, iniciativa orientada a consolidar las ventajas competitivas de la minería no metálica y la soberanía energética del Perú.
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