Familiares de la víctima mortal apelan a las autoridades judiciales para identificar a los responsables.
La región Piura enfrenta un nuevo escenario de conmoción social tras el homicidio de Sergio Joel Ojeda Córdova, jefe del equipo técnico de la conocida orquesta musical Los Hermanos Chapoñay.
El ataque criminal se registró en el asentamiento humano Manuel Seoane, ubicado en el distrito de Veintiséis de Octubre, en circunstancias en que la víctima transitaba a escasos metros de su vivienda para realizar compras domésticas de abastecimiento.
Ojeda Córdova fue interceptado por sujetos provistos de armas de fuego, quienes le efectuaron múltiples disparos que le ocasionaron la muerte de forma instantánea. Este hecho de sangre generó la movilización inmediata de familiares y residentes de la zona, quienes se concentraron en los exteriores del predio afectado para denunciar el incremento sostenido de los índices delictivos en la provincia y exigir acciones punitivas inmediatas por parte de las autoridades competentes.
Los deudos directos del colaborador musical señalaron de forma unánime que el joven no registraba amenazas de muerte ni extorsiones previas, describiendo su entorno laboral y personal como pacífico y dedicado exclusivamente al sustento económico de su menor hija y de su madre, quien presenta un cuadro de salud delicado.
No obstante, la defensa legal de la familia damnificada, liderada por el abogado José Luis Mejía, manifestó formalmente su rechazo ante la presunta inacción y parálisis de las diligencias fiscales y policiales, requiriendo de manera directa al jefe de la División de Investigación Criminal (Divicri) de Piura, coronel Julio Garcés Solano, la asignación de recursos especializados para identificar y capturar al contingente de sicarios.
El letrado advirtió que la institución policial evidencia un sesgo operativo al priorizar causas con alta exposición mediática, descuidando el esclarecimiento de los homicidios que afectan de forma cotidiana a las áreas periféricas de la ciudad.
La escalada delictiva en la jurisdicción de Veintiséis de Octubre mantiene en alerta a las dependencias judiciales debido a las siguientes líneas de investigación técnica:
- Inexistencia de antecedentes de riesgo: Voceros de la agrupación folclórica e integrantes de la familia de Ojeda Córdova ratificaron que el barrio no había registrado incidentes de esta naturaleza con anterioridad, descartando preliminarmente que el móvil del asesinato responda a cobros de cupos dirigidos a la empresa musical. Ello incrementa la necesidad de un peritaje balístico e informático exhaustivo sobre los dispositivos de comunicación incautados a la víctima.
- Cuestionamientos al cronograma de la Divicri: El asesor jurídico de los deudos denunció que, tras la recopilación inicial de testimonios elementales efectuada al día siguiente del crimen, las autoridades suspendieron el flujo continuo de diligencias de campo, dejando el caso en una situación de estancamiento temporal que vulnera el derecho a la tutela procesal efectiva.
- Precedentes de violencia política en la zona: El contexto de inseguridad en la comuna se mantiene sensible tras el asesinato del alcalde distrital en funciones, Víctor Hugo Febre Calle. Respecto a dicha investigación, un presunto sicario bajo custodia policial implicó de manera directa a la regidora Patricia Niño Febres, declarando que la funcionaria le otorgó transferencias monetarias en moneda nacional y extranjera bajo la fachada de un encargo laboral de vigilancia. Ante estas afirmaciones, la defensa de la regidora desestimó de manera rotunda las declaraciones del procesado, calificándolas de difamatorias y anunciando la interposición de querellas legales, mientras la ciudadanía exige una auditoría y fiscalización integral a los miembros del concejo municipal.
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