Por Joaquín de los Ríos de la Torre– Artículo de opinión
Hoy es 5 de mayo de 2026. Han pasado veintitrés días desde que los peruanos fuimos a votar. Y el Perú todavía no sabe, con carácter oficial, quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta del 7 de junio.
Eso, antes de cualquier análisis, es ya una sentencia. No contra un candidato ni contra una tendencia política. Es una sentencia contra nosotros mismos: contra la complacencia con la que hemos tolerado, durante décadas, que las instituciones que debían servirnos terminaran siendo capturadas por quienes debían servirlas.
Porque lo que ocurrió el 12 de abril no fue un accidente. Fue el desenlace natural de un proceso corrompido desde adentro.
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, lo declaró públicamente ante la Comisión de Fiscalización del Congreso: el entonces jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, «nos mintió no solo a nosotros, sino a todo el mundo», al garantizar que el proceso estaba asegurado. Las advertencias del JNE sobre los retrasos en el despliegue del material electoral comenzaron el 10 de abril, continuaron el 11, y en cada oportunidad la ONPE respondió lo mismo: que el problema ya estaba resuelto, que el material llegaría a tiempo. No llegó. El propio Burneo reconoció que nunca antes, en ningún proceso electoral, Lima había experimentado una demora de esa naturaleza. Lima, que concentra a un tercio de los votantes del país.
Pero el caos del 12 de abril no fue el origen del problema. Fue su consecuencia visible.
Dos meses antes de los comicios, el 11 de febrero de 2026, una carta con número de expediente oficial ingresó a la sede de la ONPE alertando a su jefe sobre posibles actos de corrupción y filtraciones de información privilegiada en el proceso de contratación con la empresa Servicios Generales Gálaga S.A.C. La carta, remitida por la empresa competidora AFE, señalaba que el esquema de evaluación generaba una asimetría de información entre los postores y que el favorecido podría haber accedido por canales irregulares al presupuesto reservado de la entidad. Corvetto la recibió. La leyó. Y no hizo nada.
El resultado es el que conocemos. Gálaga, una empresa que ya había sido penalizada hasta en tres oportunidades por la propia ONPE, ganó el contrato de más de seis millones de soles para el transporte y despliegue del material electoral, pese a haber presentado la oferta económicamente más cara. Un proceso de licitación calificado por especialistas en contratación pública como atípico, donde las reglas se modificaron para reducir la competencia y donde la empresa ganadora rozó el techo presupuestal con una precisión que, en palabras del abogado penalista Walter Palomino, constituye un indicio claro de colusión.
La Fiscalía no ha sido tímida al respecto. Ha calificado los hechos como presunta colusión agravada entre funcionarios públicos y un proveedor privado, con la voluntad popular como resultado lesivo adicional. El Poder Judicial ha dictado impedimento de salida del país por dieciocho meses contra Corvetto y seis funcionarios más. Y aquí viene el dato que debería provocar una indignación nacional sostenida y no lo está provocando: tres de esos siete investigados siguen en funciones dentro de la ONPE, la misma institución encargada de organizar la segunda vuelta del 7 de junio.
Tres funcionarios investigados por presunta colusión agravada, organizando la segunda vuelta presidencial del Perú. Que esa sola realidad no haya generado una crisis institucional de primer orden dice más del estado moral del país que cualquier encuesta.
Sobre la naturaleza de lo ocurrido, hay una distinción que merece ser hecha con precisión, porque importa jurídica y políticamente. El excanciller Francisco Tudela, hombre de derecho y de Estado, la ha formulado con claridad: no hablaría de fraude en el sentido clásico, el de la sustitución de actas, sino de direccionamiento. Elecciones direccionadas, manejando los tiempos y manejando los equipos informáticos, con una dirección definida y un resultado predeterminado. En esa misma línea, el procurador del JNE ha utilizado el término instrumentalización para describir la actuación de la ONPE: no un error, sino un sistema utilizado con una finalidad. En el fondo, como señala Tudela, se ha torcido la voluntad popular. Y eso, en cualquier ordenamiento jurídico democrático, es más grave que el fraude de la antigua usanza, porque no deja huellas en las actas sino en la arquitectura misma del proceso.
Raúl Barrios, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, lo dijo sin eufemismos: «Lo que ha pasado con las elecciones es inaceptable… Ha habido fraude, ha habido un direccionamiento… Acá no ha habido un error… Esto está direccionado.» Cuando el empresariado organizado, que no tiene ningún incentivo político para exagerar, llega a esa conclusión, la pregunta ya no es si hubo irregularidades. La pregunta es hacia dónde apuntaban.
Rafael López Aliaga encargó un peritaje forense a la consultora internacional Secretariat que el JNE rechazó revisar sin ofrecer explicación técnica suficiente. Esa negativa, en el contexto que vivimos, no es un detalle procesal. Es una señal. Y su decisión de no jurar como senador mientras no exista una auditoría independiente es, guste o no, el único gesto de consecuencia política que alguien ha tenido en este proceso.
Lo que ningún análisis serio puede ignorar es la confluencia de todos estos elementos: una contratación viciada desde su origen, una logística que colapsó en la ciudad más poblada del país, funcionarios bajo investigación fiscal que siguen organizando el proceso, cuestionamientos técnicos que el JNE se negó a revisar, y un conteo que lleva veintitrés días sin producir resultados definitivos. Una democracia que no puede contar sus votos en tres semanas no está en crisis pasajera. Está revelando sus cimientos.
El Perú no necesita más comisiones que archivan informes. Necesita una auditoría forense real: técnica, independiente, con acceso irrestricto a la cadena logística, a los contratos, a los sistemas informáticos y a la trazabilidad del material electoral. Con peritos externos. Con resultados públicos. Y sin la participación de quienes hoy enfrentan investigaciones penales por los mismos hechos que se pretende esclarecer.
Quien se oponga a eso, de cualquier signo político, estará eligiendo deliberadamente proteger a los responsables de este desastre por encima de la legitimidad del proceso. Esa es una carga que la historia no perdona, aunque en el Perú hayamos aprendido a vivir con la desmemoria como política de Estado.
Porque ese es el problema de fondo que nadie quiere nombrar con franqueza: no es solo la corrupción de algunos funcionarios. Es la cultura que la hace posible. Un país que ha normalizado la viveza como virtud, que celebra al que burla las reglas y mira con condescendencia al que las respeta, produce exactamente el tipo de instituciones que hoy tenemos. La ONPE no cayó del cielo. La construimos entre todos, por acción y por omisión.
No es derrotismo. Es diagnóstico. Y el primer paso para curar una enfermedad es llamarla por su nombre.
El 7 de junio se acerca. Lo que ocurra ese día dependerá en gran medida de lo que exijamos hoy. Porque si llegamos a la segunda vuelta sin auditoría, sin depuración de los funcionarios investigados y sin respuestas técnicas a los cuestionamientos planteados, el resultado, cualquiera que sea, nacerá herido de legitimidad. Y un presidente que asume el poder sobre la duda no gobierna: administra la sospecha.
El Perú merece más. No como aspiración vaga, sino como exigencia concreta. Somos un país con historia, con recursos, con gente trabajadora y decente que todos los días construye algo a pesar de sus gobernantes y nunca por mérito de ellos. Ese Perú, el Perú real, el que madrugó el 12 de abril para votar y encontró sus mesas cerradas o sin material, merece una respuesta a la altura de su sacrificio.
La democracia no es el acto de votar. Es la certeza de que ese voto cuenta, llega íntegro a donde debe llegar y produce un resultado que nadie puede cuestionar con fundamento. Cuando esa certeza se rompe, no se rompe un procedimiento: se rompe el pacto entre los ciudadanos y el Estado.
Ese pacto está roto. Y recomponerlo no es tarea de los jueces solos, ni de la Fiscalía sola, ni del JNE solo. Es tarea de todos los peruanos que todavía creen que este país vale la pena.
Yo lo creo. Y precisamente por eso no me quedo callado.
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