El proceso judicial comprende a una presunta red de narcotráfico y a otros diez investigados capturados en operativos realizados en Argentina, Bolivia y Perú.
La justicia peruana autorizó la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, principal sospechoso del asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y la menor Lara Gutiérrez en Buenos Aires, Argentina.
El acusado será trasladado en los próximos días al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde quedará a disposición del juez federal Jorge Ernesto Rodríguez. Esta decisión cierra un capítulo de siete meses de investigación trasnacional tras un crimen que conmocionó a la región por su crueldad y su vínculo con el crimen organizado.
El crimen: tortura y disciplinamiento mafioso
El caso se remonta al 19 de septiembre de 2025, cuando las tres jóvenes desaparecieron en Ciudad Evita tras ser engañadas para asistir a una supuesta fiesta. Según la reconstrucción judicial, fueron trasladadas a una vivienda en Florencio Varela, donde fueron sometidas a torturas y asesinadas como represalia por la presunta sustracción de un cargamento de cocaína.
Los cuerpos fueron hallados enterrados en el patio de la propiedad, y se determinó que parte del crimen fue transmitido en vivo por redes sociales para un grupo privado de la organización narcocriminal.
Fuga estratégica y captura en Pucusana
Tras el hallazgo de las víctimas, la justicia argentina emitió una alerta roja de Interpol contra Valverde Victoriano. El sospechoso huyó por pasos clandestinos hacia Bolivia y posteriormente ingresó al Perú utilizando documentos falsos.
Sin embargo, la cooperación entre la Dirección Antidrogas de la PNP y la Policía Bonaerense permitió rastrear su ubicación mediante tareas de geolocalización. El 30 de septiembre de 2025, agentes peruanos interceptaron el camión de carga donde se ocultaba el imputado a la altura del distrito de Pucusana, al sur de Lima.
Proceso judicial y extradición trasnacional
La defensa de «Pequeño J» ha negado los cargos; no obstante, el expediente judicial argentino lo señala como el líder de una red dedicada al sicariato y la extorsión. El proceso de extradición, evaluado bajo estrictos protocolos de seguridad y cooperación bilateral, permitirá que el acusado enfrente cargos por privación ilegal de la libertad y homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y violencia de género. La causa involucra a otros diez detenidos en Argentina, Bolivia y Perú, marcando un hito en la lucha contra la criminalidad organizada en el Cono Sur.
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