Mediante esta iniciativa, las autoridades buscan neutralizar la falsificación de identidades y verificar requisitorias internacionales de la población penitenciaria.
El Ministerio del Interior (Mininter), mediante la Dirección General contra el Crimen Organizado (DGCO), ejecutó el segundo operativo de enrolamiento con equipos Bitman en el penal de Lurigancho. Esta iniciativa, que forma parte de un plan piloto de alta tecnología, busca optimizar el control de la población penitenciaria extranjera mediante la identificación biométrica y el escaneo ocular, herramientas clave para neutralizar la suplantación de identidades.
Durante esta segunda jornada, las autoridades lograron enrolar a 250 internos extranjeros. La relevancia de este sistema quedó demostrada en el primer operativo, donde se detectó que 52 de los 250 internos evaluados carecían de una identidad plenamente establecida. La implementación de estos recursos permite cerrar brechas en los sistemas tradicionales y fortalece la capacidad de respuesta del Estado frente a la delincuencia compleja.
Cooperación internacional y verificación de datos
El proceso utiliza equipos de alta precisión facilitados por el HSI de Estados Unidos, los cuales capturan datos que son contrastados con bases de datos internacionales. Si el sistema detecta coincidencias con antecedentes judiciales en otros países, se emite una alerta inmediata con la identidad real registrada en la nación de origen. Silvia De la Cruz, directora de la DGCO, destacó que esta tecnología es vital para identificar a miembros de organizaciones criminales transnacionales que ingresaron al Perú utilizando documentos falsos.
Hacia un control penitenciario integral
El operativo contó con la participación coordinada de diversas unidades de la Policía Nacional del Perú (PNP), incluyendo las divisiones de Trata de Personas, Delitos Transnacionales, Extorsiones y Extranjería. El objetivo final del Mininter es construir una base de datos verificada de criminales de alcance global recluidos en el país. Tras los resultados en Lurigancho, el Ejecutivo prevé extender estos operativos a nivel nacional para elevar los estándares de seguridad y fiscalización en todo el sistema penitenciario.
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