Foto: Andina
Un efectivo de la Policía Nacional del Perú falleció tras un enfrentamiento registrado en el río Corrientes, distrito de Trompeteros, en la provincia y región Loreto, durante un operativo orientado a liberar una embarcación retenida en el distrito de Trompeteros, confirmó el jefe de la Región Policial Loreto, general PNP Fernando Enrique Mego Avellaneda.
La víctima fue identificada como el suboficial PNP Carlos Nayra Abanto, quien perdió la vida a consecuencia de los disparos registrados en las inmediaciones de la comunidad nativa Providencia, donde se desarrollaba la intervención policial.
De acuerdo con la autoridad policial, el operativo se ejecutó en la madrugada de hoy ante la presunta comisión de delitos como secuestro, extorsión y retención de tripulantes y embarcaciones en la zona, donde un convoy fluvial había sido interceptado días atrás.
“El objetivo era liberar la barcaza y a los tripulantes que, al parecer, estaban siendo retenidos. Hemos tomado el control de la embarcación, pero no se pudo activar porque habían retirado piezas de los motores”, explicó el general Mego.
Agregó que, cuando se intentaba poner en funcionamiento la nave con apoyo de personal de la Marina de Guerra del Perú, se produjo un ataque desde la espesura de la selva. “Ahí ha habido disparos por parte de los pobladores”, precisó.
Como resultado del enfrentamiento, además del efectivo fallecido, otro policía resultó herido en el brazo derecho y fue trasladado para recibir atención médica. Asimismo, se reportó que al menos tres indígenas habrían quedado heridos en la zona.
El jefe policial indicó que la operación no falló, sino que fueron objeto de una emboscada. “El tema es que hemos sido atacados”, sostuvo, al referirse a la reacción de los pobladores durante la intervención.
Este hecho se enmarca en la retención de un convoy fluvial de la empresa RICSA que transportaba 10,500 barriles de petróleo crudo y que permanece en la zona desde el pasado 12 de abril, en un caso que es investigado por presuntos delitos de secuestro y extorsión.
Según la denuncia empresarial, un grupo de personas interceptó la embarcación y habría exigido el pago de hasta S/ 2 millones para liberar tanto la nave como a los tripulantes, quienes habrían sido sometidos a presión física y psicológica.
Las comunidades indígenas, por su parte, vienen demandando desde hace semanas mayor presencia del Estado ante problemas de contaminación y atención vinculados a la actividad petrolera en el sector.
El caso ha generado preocupación por el escalamiento del conflicto en la zona y por los riesgos que implica mantener una carga de crudo sin supervisión técnica, lo que podría derivar en un impacto ambiental en el río Corrientes.
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