Foto: La Abeja
Por Alfredo Vignolo
Artículo de opinión
A través de un comunicado, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró: “…luego del análisis técnico-jurídico correspondiente y en atención a los informes emitidos por las instancias competentes, acordó por unanimidad declarar inviable la realización de elecciones complementarias en el marco del actual proceso de Elecciones Generales 2026”, rubricando todas las irregularidades habidas.
Indicando que recibieron solicitudes de diversos sectores políticos orientadas a convocar a “elecciones complementarias” antes de la segunda vuelta presidencial, tras los problemas registrados en la distribución del material electoral en los comicios del 12 de abril en Lima Metropolitana; sin embargo, yendo contra la voluntad popular, el Pleno del JNE determinó que es “inviable”.
Ya en tono de burla afirmaron que “El Jurado Nacional de Elecciones reafirma que continuará ejerciendo su función jurisdiccional con firmeza, independencia y transparencia, garantizando la integridad del proceso electoral y el respeto irrestricto de la voluntad popular expresada en las urnas”. ¿De qué transparencia y respeto pueden hablar? ¡Por favor!
Ante los aciagos momentos en que vivimos, en donde la democracia pende de un hilo, al margen de cualquier protagonismo, todas las fuerzas que, por convicción y principios, son democráticas tienen un deber insoslayable con la patria y con el soberano. No hay otro camino más sensato y realista que unirse como un solo puño para defender al Perú de las garras izquierdistas.
Por eso, mi pública invocación a Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Ricardo Belmont, Carlos Álvarez, Carlos Espá, Enrique Valderrama, Roberto Chiabra, Wolfgang Grozo, José Williams y Francisco Diez-Canseco, para que, en un acto de altruismo, al margen de sus justificadas o no diferencias, piensen que el Perú está primero.
Nos estamos jugando la democracia, la libertad y la gobernabilidad; algún día la historia nos juzgará. El JNE tiene la facultad de adoptar decisiones excepcionales, ya que no es un tribunal, es un jurado que puede tomar medidas para que prevalezca la voluntad de los electores.
Anular parcialmente las elecciones generales en aquellas zonas donde ciudadanos no pudieron ejercer su derecho al voto, debido a fallas logísticas de la ONPE, permitiría garantizar la legitimidad del proceso. Sin embargo, los miembros del JNE se han olvidado adrede del artículo 31 de nuestra Constitución Política, último párrafo, que establece que: “Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos”, lo cual permitiría una nueva convocatoria para evitar la ilegitimidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
“El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa”, artículo constitucional 176 vulnerado.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, de la cual el Perú es Estado parte, prevé en el artículo 21, inciso 3: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.
Cerca de un millón y medio de ciudadanos han sido impedidos de votar y eso es inaceptable.
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