El presidente de Chile, José Antonio Kast, formalizó el ingreso del proyecto de Reconstrucción Nacional al Congreso, una iniciativa que contempla más de 40 medidas diseñadas para reactivar la economía y el bienestar social.
Durante la ceremonia de firma, el mandatario subrayó que la aprobación de este paquete legislativo representará un punto de inflexión en el progreso del país, instando a los parlamentarios a elegir entre el impulso al trabajo o la parálisis económica.
Ejes principales y beneficios económicos
El proyecto busca romper con la inercia de los últimos años mediante reformas estructurales que priorizan la eficiencia y el alivio financiero para diversos sectores. Las medidas más destacadas incluyen:
- Reducción tributaria: El impuesto de primera categoría bajará del 27% al 23% para estimular la inversión.
- Apoyo a adultos mayores: Se establece el fin del pago de contribuciones para las personas mayores de 65 años.
- Formalidad laboral: Implementación de un crédito tributario específico para fomentar el empleo formal.
- Desbloqueo de inversiones: Reducción drástica de la «permisología» para agilizar la ejecución de proyectos de capital.
Emplazamiento al Poder Legislativo
Con la entrega del documento al Parlamento, Kast fue enfático en señalar que la responsabilidad recae ahora en los legisladores. El mandatario cuestionó a quienes han manifestado su rechazo antes de analizar el contenido del texto, señalando que cada parlamentario deberá decidir si apoya a las familias chilenas o se mantiene atado a consignas ideológicas. Asimismo, valoró la disposición al diálogo de sectores políticos ajenos a la coalición de gobierno.
Metas de crecimiento y visión país
El Ejecutivo sostiene que el plan de Reconstrucción Nacional no es solo una meta gubernamental, sino una necesidad para el futuro de Chile. El presidente aseguró que, mediante estas reformas, el país tiene el potencial de superar con creces el actual crecimiento anual del 2%. El enfoque central de la propuesta es posicionar la generación de empleo como la prioridad absoluta, integrando además mejoras sustanciales en áreas críticas como seguridad, educación y vivienda.
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