La moción impulsada desde la Mesa Directiva exige la salida de Balcázar por falta de idoneidad, vinculando su continuidad al cuestionado manejo de la renovación de la flota aérea de la FAP.
El congresista Ilich López, tercer vicepresidente del Parlamento, impulsa una moción de censura contra José María Balcázar, quien ejerce la presidencia del Congreso y, por sucesión constitucional, la Jefatura de Estado. La iniciativa busca su remoción inmediata alegando una presunta «falta de idoneidad ética y política», tras la polémica decisión del mandatario de suspender la compra de 24 aeronaves de combate F-16 Block 70 para la Fuerza Aérea del Perú (FAP).
Cuestionamientos a la gestión estratégica
El documento sostiene que Balcázar intentó frenar un proceso de US$ 3 500 millones que contaba con el aval técnico de las Fuerzas Armadas y tres administraciones previas. El pasado 17 de abril, fecha programada para la firma del contrato, el presidente anunció que delegaría la decisión al próximo gobierno debido a la transitoriedad de su mandato. Según López, esta acción se tomó sin consultar al Ministerio de Defensa ni al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, generando una «grave incoherencia institucional».
Control político y efectos constitucionales
El legislador de Acción Popular aclaró que esta medida no constituye una vacancia presidencial bajo el artículo 113 de la Constitución, sino un ejercicio de control político sobre el cargo de presidente del Congreso.
- Efecto derivado: La salida de Balcázar de la Jefatura de Estado sería una consecuencia constitucional directa de perder la confianza de la Mesa Directiva.
- Riesgo económico: La moción advierte que el vencimiento de las ofertas internacionales obligaría al Perú a reiniciar el proceso con costos significativamente más altos.
MEF asegura fondos y cumple contrato
Pese a la incertidumbre inicial, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó la transferencia de US$ 462 millones correspondientes al primer hito del contrato con Lockheed Martin. La entidad subrayó que el incumplimiento del acuerdo habría acarreado penalidades millonarias y un severo daño a la reputación internacional del Perú frente a sus socios estratégicos.
El Ejecutivo reafirmó que el respeto a los compromisos de Estado es una obligación que protege la estabilidad económica y la seguridad nacional, asegurando que esta inversión no afectará el financiamiento de sectores prioritarios como salud, educación y seguridad ciudadana. La moción de censura se encuentra ahora a la espera de las firmas necesarias para su debate en el Pleno.
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