El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma al artículo 73 constitucional, la cual faculta al Congreso para expedir una Ley General en materia de Feminicidio. Esta medida busca eliminar la actual dispersión normativa -derivada de la existencia de 33 códigos penales distintos- para establecer un tipo penal, sanciones y estándares de investigación homogéneos en todo el país, garantizando que el acceso a la justicia no dependa del estado donde ocurra el delito.
Unificación jurídica contra la impunidad
La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y remitida ahora a la Cámara de Diputados, tiene como objetivo central que el Estado mexicano actúe como un frente único ante la violencia feminicida. Al homologar las agravantes y punibilidades, se pretende erradicar la impunidad generada por criterios dispares que, hasta ahora, provocan que la justicia sea incierta en diversas regiones.
El dictamen enfatiza la necesidad de aplicar una perspectiva de género obligatoria en todas las diligencias y fortalecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.
Compromiso de Estado y recursos
Durante el debate, legisladores subrayaron que esta reforma es una decisión de Estado para enfrentar una «herida nacional» que tiene antecedentes críticos en localidades como Ciudad Juárez.
Mientras el oficialismo destacó la firmeza del nuevo muro legal contra quienes agreden a mujeres y niñas, la oposición condicionó el éxito de la ley a la asignación de recursos suficientes, advirtiendo que sin presupuesto la reforma podría quedar en «letra muerta». El acto concluyó con un homenaje a víctimas emblemáticas, reafirmando la deuda histórica del sistema judicial con la seguridad de las mujeres.
Acerca del autor
