Tras exhortación de la Defensoría del Pueblo, el JNE dispone que las mesas no instaladas atiendan este lunes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.
En una decisión calificada como histórica, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso la ampliación excepcional de la jornada electoral para este lunes 13 de abril. La medida busca resarcir el derecho al sufragio de los 63.300 electores afectados por la falta de material en 211 mesas de votación en Lima Metropolitana y dos circunscripciones en el extranjero (Estados Unidos).
Horarios y disposiciones de la jornada extraordinaria
El tribunal electoral, presidido por Roberto Burneo, estableció que la instalación de las mesas rezagadas se realizará desde las 7:00 a. m., mientras que el horario de votación se extenderá hasta las 6:00 p. m.. Esta resolución responde a un pedido de urgencia de la Defensoría del Pueblo ante la gravedad del fallo logístico atribuido a la empresa Servicios Generales Galaga, la cual no proveyó la flota vehicular necesaria para la distribución de los kits electorales.
Coordinación multisectorial y restricciones
Para garantizar el éxito de esta fecha adicional, el JNE solicitó las siguientes acciones al Ejecutivo:
Facilidades laborales: Se instó al Ministerio de Trabajo a otorgar permisos a los ciudadanos que deban acudir a las urnas en día laborable.
Disponibilidad de locales: Se pidió a la PCM mantener la operatividad de los centros educativos que funcionan como locales de votación.
Veda informativa: El ente rector exhortó a los medios de comunicación y encuestadoras a no difundir resultados de conteo rápido u otros estudios similares hasta que concluya la votación el lunes, a fin de no influir en los electores pendientes.
Respaldo institucional y gobernanza
La Defensoría del Pueblo saludó la medida, señalando que esta continuidad evita la vulneración de derechos fundamentales y asegura una correcta cifra repartidora para la elección de senadores y diputados por el distrito electoral de Lima.
Por su parte, el presidente del JNE enfatizó que esta decisión se enmarca en la legalidad constitucional para proteger la integridad del proceso, sin perjuicio de las investigaciones y responsabilidades administrativas que deba enfrentar la ONPE por las deficiencias presentadas.
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