El fallo logístico de la ONPE impidió la apertura de 211 mesas, dejando a 63,300 ciudadanos sin posibilidad de ejercer su derecho al voto.
La Contraloría General de la República solicitó con carácter de urgencia un informe detallado a la ONPE sobre el despliegue logístico de las Elecciones Generales 2026. La medida, impulsada tras las denuncias por la no instalación de 211 mesas de sufragio, busca fiscalizar la distribución del material electoral a nivel nacional mediante un Servicio de Control Simultáneo.
Alcance de la fiscalización
El requerimiento, firmado por la jefatura del Órgano de Control Institucional, exige la entrega de guías de despacho, hojas de remisión y los reportes de monitoreo por GPS de todas las unidades de transporte utilizadas.
Asimismo, la Contraloría verificará los horarios exactos de apertura de mesas y ha solicitado explicaciones técnicas sobre la puesta en «cero» del Sistema de Cómputo Electoral, especialmente en Lima y el Callao, donde se aplicaron soluciones tecnológicas de apoyo al escrutinio.
Postura de la ONPE ante los incidentes
Por su parte, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, restó dramatismo a la afectación de los 63,300 electores que no pudieron votar, argumentando que, dada la fragmentación política de la primera vuelta, dicha cifra no compromete el resultado final.
Corvetto calificó el suceso como un «problema logístico» y aseguró que la institución logró «limitar el impacto negativo» al restringir la falla a solo 15 locales de votación, tras realizar esfuerzos extraordinarios para cumplir con el despliegue.
Acerca del autor
