La nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos promete destrabar más de US$ 30.000 millones en proyectos de infraestructura y servicios, pero analistas advierten que los compromisos fiscales podrían llegar hasta el 12 % del PBI, lo cual genera preocupación sobre la sostenibilidad presupuestaria.
El Congreso de la República aprobó recientemente la Ley N° 32441, que regula la inversión privada mediante APP (Asociaciones Público-Privadas) y Proyectos en Activos (PA), con el objetivo de agilizar el desarrollo de infraestructura y servicios públicos esenciales.
La norma declara de interés nacional este tipo de inversiones y pretende viabilizar una cartera de proyectos superior a los US$ 30.000 millones.
Sectores estratégicos incluidos en el nuevo marco regulatorio: transporte, energía, saneamiento, salud y educación.
Los beneficios prometidos antes esta ley apuntan a reducir plazos burocráticos, simplificación de trámites para la elaboración de estudios técnicos, priorizar proyectos de alcance nacional y utilizar mecanismos como el silencio administrativo positivo para acortar tiempos.
También se contempla un rol fortalecido para ProInversión, que pasará de promotora a también concedente en nuevas iniciativas, lo que podría unificar fases de los proyectos y facilitar su gestión.
Un aspecto clave que señala la ley es la introducción de un tope explícito para los compromisos estatales firmes y contingentes derivados de APP/PA: no deben exceder el 12 % del PBI del sector público no financiero.
Analistas advierten que, si estos compromisos se materializan hasta ese límite, podrían generar presiones fiscales significativas, especialmente en contextos adversos como desaceleración económica o ingresos tributarios por debajo de lo esperado.
Además, hay preocupación sobre si las entidades locales y regionales cuentan con la capacidad técnica y financiera para asumir APP con estándares adecuados de viabilidad, supervisión, transparencia y mantenimiento en el largo plazo. No todos los distritos tienen la misma capacidad de gestión. (Este punto es habitual en comentarios de gremios empresariales, aunque aún falta consolidar datos empíricos).
El MEF estima que la norma podría añadir dos puntos porcentuales al crecimiento económico si los proyectos se ejecutan con eficacia.
Se espera que el portafolio priorizado genere empleo, mejore servicios públicos y reduzca brechas de infraestructura en regiones históricamente rezagadas. Obras como puertos regionales, aeropuertos, distribución de gas, saneamiento y redes eléctricas son parte del plan.
La aprobación de la ley de APP/PA puede marcar un punto de inflexión para Perú si logra destrabar inversiones largamente paralizadas y mejorar la infraestructura regional: ciudades, pueblos y comunidades podrían notar mejoras concretas en salud, educación, transporte y servicios básicos. Sin embargo, la promesa va acompañada de responsabilidades serias.
Si los compromisos contingentes que la ley permite se acercan al 12 % del PBI, el Estado tendrá que afrontar no solo los costos iniciales de inversión, sino también los costos recurrentes de mantenimiento, operación y eventuales riesgos asociados (cláusulas contractuales, sobrecostos, demoras, etc.). Otra variable crítica será la fiscalización, transparencia y capacidad técnica de las entidades responsables.
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