La compañía denuncia que la orden de no cobrar en 26 garitas fue el detonante de su crisis, al reducir sus ingresos en más del 60%.
La concesionaria Rutas de Lima S.A.C. (RDL) ha iniciado formalmente su proceso de disolución y liquidación, responsabilizando de manera directa a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y a diversas entidades del Estado peruano. La empresa alegó que el supuesto «hostigamiento» ha hecho inviable la continuidad de sus operaciones bajo el actual marco jurídico.
La decisión fue adoptada en la Junta General de Accionistas el pasado 29 de septiembre de 2025. En un comunicado emitido un día después, RDL precisó que la medida es consecuencia directa y exclusiva de los actos de la MML y las omisiones de otras entidades estatales, lo que la obligó legalmente a acogerse a la Ley General de Sociedades.
Crisis financiera por pérdida de ingresos
Rutas de Lima subrayó que la crisis financiera se originó con la suspensión del cobro en 26 casetas de peaje, una medida impuesta por las autoridades que ha despojado a la concesionaria de una parte crucial de su soporte económico.
“Los actos de hostigamiento de la MML y del Estado ocasionaron la suspensión del cobro en 26 casetas de peaje, lo que ha privado a RDL de recibir más del 60% de sus ingresos, deteriorando severamente su situación financiera”, indicó la compañía. Pese a esta drástica reducción de recursos, la empresa aseguró haber ejecutado el 100% de sus responsabilidades, incluyendo la operación y mantenimiento de las vías.
La continuidad del servicio y acciones legales
A pesar del anuncio de disolución y liquidación, RDL aseguró que el servicio a los usuarios se mantendrá sin interrupciones. La empresa afirmó que continuará operando las rutas concesionadas, garantizando la seguridad vial y el cumplimiento de sus obligaciones con trabajadores y proveedores.
No obstante, la concesionaria advirtió que tanto la empresa como sus accionistas se reservan el derecho de recurrir a todas las instancias competentes, tanto a nivel nacional como internacional, para «proteger sus derechos frente a esta destrucción de la inversión por parte del Estado peruano”.
Esta decisión marca un nuevo y grave capítulo en el prolongado enfrentamiento legal entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima, un conflicto que ha estado marcado por cuestionamientos y resistencia social al cobro de peajes.
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