La gestión del presidente Santiago Peña en Paraguay está marcada por una economía que afecta el bolsillo de la población: aunque la pobreza monetaria se redujo al 20.1%, el poder adquisitivo de la clase trabajadora ha disminuido, y el precio de la canasta básica de alimentos aumentó un 9% en el último año.
En este contexto de creciente desigualdad —donde el ingreso del 10% más rico es casi 19 veces mayor que el del 10% más pobre—, el gobierno ha optado por una política de seguridad y control social, inspirada en el modelo de El Salvador.
Un giro hacia la securitización
En las últimas semanas, Paraguay ha dado pasos concretos que confirman este rumbo:
- Alineamiento con EE.UU.: El Senado declaró al «Cartel de los Soles» como organización terrorista, siguiendo la postura de Washington y Ecuador.
- Mayor presencia extranjera: Se anunció la instalación en Asunción de una unidad del FBI, que operará en la Triple Frontera.
- Modelo de megacárcel: El gobierno firmó un memorándum de entendimiento con Estados Unidos y el ministro de Justicia defendió un proyecto para construir una megacárcel similar al CECOT salvadoreño, que albergaría a más de 5,000 presos.
Endurecimiento del control estatal
Estas medidas no son un hecho aislado. Desde principios de la década de 2000, Paraguay ha mantenido una relación de dependencia con Estados Unidos en materia de seguridad, consolidando un esquema en el que los militares cumplen funciones de seguridad interna, a pesar de estar prohibido por la Constitución.
Operativos como el reciente «Operativo Umbral», que trasladó a casi 800 presos y militarizó las cárceles, confirman que la securitización se ha convertido en una política de Estado. El discurso oficial justifica estas acciones como necesarias para combatir el crimen, pero en la práctica, implican la suspensión de derechos y una creciente injerencia extranjera.
El costo social y económico
Mientras el gobierno destina cada vez más recursos a la seguridad, la crisis económica sigue golpeando a la mayoría de la población. Según gremios de micro y pequeñas empresas, la caída del consumo y el aumento de los costos afectan a la mayoría de las firmas, profundizando la desigualdad.
Este panorama sitúa a Paraguay en un punto de inflexión. La pregunta clave es si la sociedad aceptará el «modelo Bukele» como la nueva normalidad, o si buscará un camino alternativo que priorice la justicia social, la distribución de la riqueza y el fortalecimiento de su soberanía.
