En la noche del 6 de agosto, el expresidente Álvaro Uribe formalizó su condena de 12 años de prisión domiciliaria ante el Juzgado de Rionegro, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Según informó Uribe en un video en sus redes sociales, aunque la formalización estaba prevista para el lunes, él decidió comparecer antes. Con su identificación de preso, afirmó que continuará y aumentará su lucha para que Colombia derrote «la naciente mordaza neocomunista» en 2026. Además, advirtió que si esta «mordaza» se consolida, «acabará con la Nación» y traerá un «fracaso social total».
Dos líderes sociales asesinados en el suroccidente de Colombia, una región marcada por violencia
Ruhal Martínez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Colombia en Jamundí (Valle del Cauca), fue asesinado el miércoles 6 de agosto. Murió en el lugar después de que hombres armados lo interceptaran en su motocicleta. La Defensoría del Pueblo ya había alertado sobre los riesgos para líderes sociales en este municipio.
Según informes, Jamundí es un corredor estratégico utilizado por grupos armados ilegales y bandas criminales locales para movilizarse y expandir su control. En este contexto, líderes como Martínez enfrentan amenazas constantes debido a su trabajo comunitario y de defensa territorial.
La violencia también se extendió al corregimiento de El Plateado, en Argelia (Cauca), donde fue asesinada Astrid Viviana Ordoñez Arcos, una lideresa campesina de 35 años. La atacaron a tiros en el parque principal, en un crimen que subraya los peligros que enfrentan quienes defienden a las comunidades rurales en la región.
