Todo ciudadano peruano, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, debe comprometerse con la defensa nacional del Perú y esto implica que nuestra soberanía no puede estar en entredicho cuando cualquier organismo internacional nos diga qué hacer en nuestra propia casa. La soberanía nacional implica el derecho inalienable de un Estado a gobernarse a sí mismo, a dictar sus propias leyes, a administrar justicia y a proteger su integridad territorial y cultural. No existe verdadera democracia sin soberanía.
Cuando un organismo supranacional pretende imponerse por encima del Congreso, del Presidente y del Tribunal Constitucional, ya no hablamos de cooperación internacional en materia de derechos humanos, sino de subordinación colonial del Perú a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, plagado de jueces extranjeros, caviares e ideologizados a los que el pueblo peruano nunca eligió y que pretenden ejercer jurisdicción legal sobre nuestra patria.
La reciente intromisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al ordenar al Estado peruano que no apruebe una ley de amnistía para los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que combatieron al terrorismo, constituye un agravio inaceptable contra nuestra soberanía y pone en riesgo nuestra estabilidad jurídica, pretendiendo someter las decisiones del Congreso y del Ejecutivo, a la voluntad de un organismo extranjero sin legitimidad democrática en el Perú.
Es por ello, que la Presidente debe demostrar con hechos y no palabras, que la soberanía nacional del Perú se respeta e iniciar inmediatamente la salida del Perú de la colonialista Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino lo hace todos los patriotas peruanos se lo demandaremos.
Hace unos días el Estado Peruano, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió un comunicado en donde notificaba a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Perú es un país soberano y por tanto, no está sujeta a ninguna justicia supranacional que pretenda relativizar la soberanía que como Estado nos corresponde ejercer sobre nuestros asuntos internos, incluyendo la aprobación de leyes por parte del Congreso y su promulgación por parte del Ejecutivo.
Esta es una posición clave en la política exterior del Perú, ya que de un tiempo a esta parte, la agenda globalista de corte progresista y socialista, pretende ejercer una especie de ordenamiento jurídico supranacional, cuyos acuerdos, convenios y tratados sujeten a las naciones en dicha agenda, relativizando sus soberanías y sojuzgándolas de manera colonialista, bajo el rótulo de una supuesta defensa de los derechos humanos.
Esa es la falsa narrativa que han usado para meterse como caballo de troya en el sistema geopolítico internacional, pretendiendo imponerse a través del Foro de Davos y otras organizaciones vinculadas a la ONU, que tomando una decisión unilateral quieren dictar a todos los países qué es lo que deben hacer en sus naciones, como si fueran los únicos iluminados del mundo.
Esta es la hora decisiva de los patriotas, que estamos llamados a defender la soberanía nacional de nuestras naciones, con la Constitución Política como baluarte, que garantiza el respeto al ordenamiento jurídico nacional. Es por ello que aplaudo la respuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, destacando que esto es solo uno de los muchos intentos de diversos organismos y Ongs extranjeras que desde el exterior pretenden colonizarnos política e ideológicamente, con una agenda globalista apátrida y mercantilista, donde todo se compra y se vende, incluso la identidad nacional y la patria.
El Perú, es una nación libre y soberana, no podemos permitir que se subordine nuestro destino ni las decisiones que como Estado tomamos, a organismos internacionales que bajo la falsa narrativa de defensa de derechos humanos, interfieren sistemáticamente en nuestra autodeterminación y en la aplicación de nuestra justicia con nuestras propias leyes, nuestra historia y nuestra realidad nacional.
