En el Perú actual, se vive una profunda crisis moral e institucional en el ámbito de la justicia. Lo que debería ser un sistema imparcial, guiado por el respeto a la Constitución y a la memoria histórica del país, se ha convertido en un instrumento al servicio de una visión ideologizada y ajena al sentir patriótico nacional. Hablamos de una élite judicial progresista, globalista y caviar que ha distorsionado los principios elementales del derecho, convirtiendo el Poder Judicial y el Ministerio Público en bastiones de militancia política encubierta. Que han convertido los estrados en trincheras ideológicas al servicio de intereses foráneos, al servicio de la venganza.
Estos magistrados no imparten justicia: la manipulan. Son los mismos que llaman «conflicto armado interno» a la sangrienta pesadilla terrorista que vivimos en las décadas pasadas, cuando miles de peruanos inocentes campesinos, policías, militares, autoridades locales, madres, niños fueron asesinados por Sendero Luminoso y el MRTA. Hoy, sin un ápice de vergüenza, liberaron a confesos criminales, sentenciados por terrorismo, bajo supuestas banderas de «reconciliación» o «derechos humanos». ¿Y los derechos de las víctimas? ¿Y la memoria de los héroes que defendieron al Perú con sus vidas? Lo más grave es que muchos de estos jueces y fiscales tienen conexiones directas e indirectas con personas que estuvieron vinculadas al terrorismo. Algunos incluso tienen familiares que purgaron condenas por actos subversivos, y otros como se sabe públicamente fueron militantes activos en su etapa universitaria de grupos radicales como Patria Roja, el brazo político del comunismo peruano, que durante años propugnó la violencia como vía para tomar el poder. En las aulas, estos personajes vociferaban consignas como “el poder nace de la boca del fusil” y “la ley del proletariado se cumple con sangre”. Ese pensamiento asesino, terrorista, no desaparece con un título universitario ni con una toga: ha formado parte de su ADN político e ideológico. Y si hoy están en cargos de poder, administrando justicia, su sesgo es evidente. No actúan con objetividad: actúan con resentimiento, con ánimo de venganza contra quienes desde las Fuerzas Armadas y la Policía derrotaron al terrorismo que ellos apoyaban o con el que simpatizaban y buscan destruir a quienes cautelan por los intereses de la patria y la ley verdadera.
La ironía y la amenaza es aún mayor: hoy, esos mismos personajes que un día quisieron destruir el Estado de derecho con bombas, asesinatos, atentados y dinamita, anfo se han atrincherado en el sistema que antes despreciaban. Han aprendido a usar la ley como arma: no para hacer justicia, sino para ejecutarla a su medida. Se esforzaron por infiltrar y capturar cargos de jueces, fiscales y magistrados, no para defender la Constitución, sino para manipularla. Convierten al culpable en inocente, y al inocente le fabrican expedientes. Ya no existe presunción de inocencia: existe presunción de culpabilidad, selectiva y sesgada, contra todo aquel que no comulga con su ideología radical.
Tan enquistados están, que ya no actúan como individuos sino como engranajes de una maquinaria de persecución. Se protegen, se encubren, se coordinan. Y lo más peligroso: cuentan con el respaldo de ONGs internacionales y fondos oscuros como los provenientes de fundaciones ligadas a George Soros que financian su adoctrinamiento y expansión para destruir países. Esta maquinaria judicial, infiltrada y coordinada, actúa en bloque, encubre a los suyos y persigue a sus opositores. No busca justicia, busca revancha.
Es urgente una reforma profunda, valiente y patriótica del sistema judicial. No podemos permitir que quienes simpatizaron con el terror sean hoy los que administran la justicia y sirven a intereses ajenos a la ley, la justicia y la patria. No podemos, como nación, permitir que quienes en el pasado simpatizaron abiertamente con ideologías violentas o justificaron el accionar del terrorismo, hoy ocupen puestos de poder desde los cuales manipulan la ley y la Constitución, sirviendo a intereses ajenos a la justicia, la verdad y la patria. El Perú no necesita militantes disfrazados de magistrados, sino jueces y fiscales con vocación de servicio, temple moral y profundo compromiso con los valores republicanos. La patria no puede seguir en manos de quienes han hecho de la toga un escudo ideológico y del estrado, una trinchera de revancha política. El país merece justicia verdadera, no manipulación; merece imparcialidad, no resentimiento camuflado de jurisprudencia.
Y así como a todo ciudadano se le exige respeto por la ley, los operadores de justicia deben someterse también a los más altos estándares éticos y personales. Se requiere que los jueces y fiscales como servidores públicos investidos de enorme poder sean evaluados no solo en lo jurídico, sino también en su equilibrio emocional, equilibrio mental, conducta personal y madurez psicológica. Exámenes periódicos de salud mental, consumo de sustancias adictivas, historial de traumas no resueltos y perfil ético deben ser requisitos indispensables para garantizar que quienes imparten justicia no actúen desde el desequilibrio, la frustración o el resentimiento.
Una justicia sana solo puede emanar de mentes sanas. Una patria fuerte solo se construye sobre instituciones limpias.
Y así como a todo ciudadano se le exige respeto por la ley, los operadores de justicia deben someterse también a los más altos estándares éticos y personales. Se requiere que los jueces y fiscales como servidores públicos investidos de enorme poder sean evaluados no solo en lo jurídico, sino también en su equilibrio emocional, equilibrio mental, conducta personal y madurez psicológica. Exámenes periódicos de salud mental, consumo de sustancias adictivas, historial de traumas no resueltos y perfil ético deben ser requisitos indispensables para garantizar que quienes imparten justicia no actúen desde el desequilibrio, la frustración o el resentimiento.
Una justicia sana solo puede emanar de mentes sanas. Una patria fuerte solo se construye sobre instituciones limpias.
ING. Luis Saavedra Contreras
Mag. en National Security de la Universidad de Alabama y en Inteligencia Estratégica del CAEN
