Bajo la dirección de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, se instaló el Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva. Esta acción cumple con la Ley 32348, que busca agilizar y aumentar la eficacia en la lucha contra la delincuencia.
El consejo, según la ley, está conformado por los titulares del Poder Judicial (quien lo preside), del Ministerio Público, de los ministerios del Interior, Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Economía y Finanzas (MEF), el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía Nacional.
Sin embargo, Tello Gilardi expresó su preocupación por la ausencia de los titulares de Economía y Justicia en esta primera sesión de instalación, contraviniendo lo dispuesto por la ley. «Hacemos esta atingencia porque en esta sesión, aunque es la primera, es necesario tomar acuerdos, pues el tema de la inseguridad ciudadana no nos va a esperar; todo lo contrario, les consta claramente que ha sido un esfuerzo conjunto lograr que se apruebe esta ley», señaló la presidenta.
Janet Tello destacó la gran expectativa de la población por la implementación y los resultados positivos del sistema de flagrancia en la lucha contra la inseguridad. «La ciudadanía ha puesto los ojos sobre el trabajo del consejo y de las unidades de flagrancia, y también hay congresistas que han venido a observar de manera directa si es que la tan esperada ley está cumpliendo sus objetivos», indicó.
Durante la sesión, Tello Gilardi puso énfasis en tres puntos clave que la ley contempla y que deben cumplirse tras la instalación del consejo:
- Creación de órganos especializados: El artículo 14 de la Ley 32348 exige la creación exclusiva de órganos jurisdiccionales, despachos fiscales, defensores públicos y policía especializada en flagrancia delictiva.
- Reglamento interno: La primera disposición complementaria final establece la aprobación del reglamento interno del consejo en un plazo máximo de 90 días.
- Adecuación normativa: La quinta disposición complementaria final dispone la adecuación del marco normativo de las instituciones a la ley en un plazo no mayor de 30 días.
Edman Rodríguez, secretario técnico de la Comisión de Implementación de las Unidades de Flagrancia, presentó un panorama de la incidencia delictiva y el estado actual de estas unidades. Informó que actualmente existen 15 unidades modelo de flagrancia y 10 unidades piloto a nivel nacional, siendo estas últimas un «termómetro» para medir la atención de los casos.
Rodríguez adelantó que se prevé implementar ocho unidades adicionales en los distritos judiciales de Lima Metropolitana este año, y otras 18 unidades modelo a nivel nacional en 2026. «La idea es tener por lo menos una unidad de flagrancia modelo en cada distrito judicial en el 2026, de Tumbes a Tacna», afirmó.
El éxito de las unidades de flagrancia es notorio, con un 87% de los casos ingresados resueltos. De los más de 18 mil casos recibidos, más de 16 mil fueron solucionados, y un impresionante 90% de estos se resolvieron en la primera sesión de audiencia.
Tras la exposición, los representantes de las instituciones integrantes del consejo ofrecieron sus comentarios y aportes. A la sesión asistieron importantes figuras como el ministro del Interior, Carlos Malaver; el viceministro de Justicia, Beyker Chamorro; el presidente del INPE, Marlon Florentini; y el jefe de Estado Mayor de la PNP, Oscar Arriola, entre otros funcionarios clave del sistema de justicia.
