El Congreso de la República de Perú ha dado un paso importante en la lucha contra la delincuencia. Hoy se publicó la Ley 32386, que establece medidas clave para combatir la criminalidad y fortalecer la seguridad ciudadana en el país.
El objetivo principal de esta nueva ley es implementar medidas extraordinarias que permitan el fortalecimiento institucional y la modernización operativa de los organismos encargados de la seguridad. Esto incluye optimizar los recursos públicos, agilizar procesos y priorizar la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía. La ley busca resultados medibles y fomenta la coordinación entre diferentes sectores.
Para lograrlo, se han establecido medidas excepcionales. El Ministerio del Interior será exonerado temporalmente de ciertos numerales de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 (numerales 9.5, 9.6, 9.8 y 9.10 del artículo 9; numeral 11.3 del artículo 11; y literal a) del artículo 33). También se le exime temporalmente del numeral 4 del párrafo 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, que rige el Sistema Nacional de Presupuesto Público.
Estas modificaciones presupuestarias estarán dirigidas específicamente al Programa Presupuestal 0030 “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”. El objetivo es optimizar la gestión del sector y responder de manera más efectiva al estado de emergencia decretado por la inseguridad.
Además, la ley autoriza al Ministerio del Interior, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales a realizar contrataciones inmediatas de bienes y servicios durante el estado de emergencia. Esto permitirá la ejecución de acciones urgentes para combatir la delincuencia de manera más eficiente.
La norma también contempla una entrega económica para el personal policial que, de forma voluntaria, preste servicios adicionales de patrullaje a pie, patrullaje motorizado y operaciones de investigación focalizadas. Esta medida busca incentivar y reconocer su labor en la lucha contra la delincuencia común y la inseguridad ciudadana.
Finalmente, la Secretaría General del Ministerio del Interior, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la Policía Nacional del Perú, deberá realizar una evaluación del estado situacional del sector en un plazo de 90 días hábiles. El objetivo es proponer una reestructuración que permita mejorar la eficacia de las instituciones encargadas de la seguridad en Perú.
Esta nueva ley busca ser una herramienta robusta para el gobierno en su objetivo de mejorar la seguridad en el país. ¿Hay algún aspecto específico de estas medidas que te interese conocer más a fondo?
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