Acusan a expresidente del Consejo de Ministros de concertación en contratación de Rosa Rivera en Devida
El Congreso de la República, a través de su Comisión Permanente, ha establecido un plazo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales emita su informe final sobre la denuncia presentada contra el extitular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda. Se le imputa ser el presunto instigador de los delitos de colusión simple y agravada, los cuales habrían perjudicado al Estado peruano.
La Denuncia Constitucional 520, interpuesta por el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, señala a Otárola Peñaranda de haber inducido a la comisión de delitos contra la administración pública, específicamente en la modalidad de colusión. Según la acusación, el ex primer ministro habría utilizado su posición para influir indebidamente en procesos de contratación pública, favoreciendo a individuos con los que mantenía lazos personales y profesionales. Esta acusación se sustenta en diversos informes periodísticos y otras pruebas.
En particular, la denuncia detalla que Otárola Peñaranda habría coordinado de manera ilícita con dos directivos de Devida para asegurar que Rosa Pierina Rivera Bermeo, una persona cercana a su círculo, obtuviera de forma irregular dos órdenes de servicio en dicha entidad.
Además del caso de Otárola, la Comisión Permanente también ha aprobado un plazo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presente sus informes finales sobre las denuncias constitucionales que involucran a la actual fiscal de la Nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, y al expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas.
En el caso de la fiscal de la Nación, se trata de la Denuncia Constitucional 560, presentada por el exministro del Interior, Juan José Santiváñez. Este acusa a Espinoza Valenzuela de una presunta infracción constitucional y abuso de autoridad. Santiváñez alega que hubo una filtración de información reservada relacionada con una investigación fiscal en su contra y ha solicitado la inhabilitación de la fiscal de la Nación para ejercer cualquier cargo público por un periodo de diez años.
Por otro lado, la Denuncia Constitucional 275 investiga a Jorge Luis Salas Arenas. Interpuesta por el ciudadano Jesús Gumercindo Zavaleta Mendoza, esta denuncia lo acusa de presuntas infracciones a los artículos 31, 35, 38 y 39 de la Constitución, así como de la posible comisión del delito de omisión de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal.
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