A pocos días de su inauguración, el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ha sido escenario de una severa crisis operativa, dejando a más de 2,500 pasajeros varados debido a la cancelación de vuelos. Esta situación ha generado una ola de críticas hacia Lima Airport Partners (LAP), la empresa concesionaria, especialmente porque los problemas persisten a pesar de una fase de «marcha blanca» de 15 días con vuelos de prueba.
Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), confirmó la cancelación de al menos 25 vuelos, 18 de ellos de LATAM. Advirtió que la situación podría empeorar si no se soluciona el desabastecimiento de combustible. Según Gutiérrez, el problema radica en las deficiencias logísticas de Exolum, la empresa encargada del suministro, que solo cuenta con una autorización provisional.
Gutiérrez también cuestionó la falta de pruebas en condiciones reales antes de la apertura del aeropuerto. Señaló que pasar de cuatro vuelos diarios a más de veinte operaciones simultáneas sin una preparación adecuada ha provocado el colapso de la capacidad operativa. A esto se suma la ausencia de una red de distribución de combustible eficiente, lo que ha triplicado los tiempos de abastecimiento de las aeronaves, ralentizando drásticamente las operaciones.
Los pasajeros afectados han denunciado una alarmante falta de información oportuna, tanto por parte de las aerolíneas como de LAP. Muchos se enteraron de las cancelaciones al llegar al área de check-in, mientras que otros reportaron inconsistencias entre la información recibida en el aeropuerto y la realidad de las pistas de aterrizaje en sus destinos. La incertidumbre y la frustración han sido la constante para miles de viajeros.
Frente a la creciente presión pública, LAP admitió complicaciones logísticas en la distribución de combustible, pero negó una falta del insumo. Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) fue más contundente, responsabilizando directamente a LAP por la crisis. El MTC ha solicitado a Ositran una evaluación urgente del cumplimiento técnico del contrato de concesión para determinar posibles responsabilidades. Mientras las autoridades se pronuncian y se buscan culpables, miles de pasajeros continúan a la espera de soluciones concretas que les permitan retomar sus planes de viaje.
