Gobierno remueve a previo jefe de la DINI y nombra a figura con serios cuestionamientos
El Gobierno ha oficializado la destitución de Max Anhuamán Centeno como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y ha designado en su reemplazo a Alejandro Oviedo Echevarría. Esta decisión, formalizada mediante una Resolución Suprema publicada en el diario oficial El Peruano, ha desatado una ola de controversia y preocupación en la esfera política y mediática.
Max Anhuamán, quien había asumido el cargo en febrero de este año, era reconocido por su enfoque técnico y profesional, así como por sus esfuerzos en la mejora de la seguridad nacional. Días antes de su remoción, el congresista Fernando Rospigliosi ya había advertido sobre esta posible medida, señalando al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, como el principal impulsor del cambio.
La designación de Alejandro Oviedo Echevarría en un puesto clave como la DINI ha levantado una seria alarma debido a su historial. La Contraloría General de la República lo ha vinculado a la presunta compra irregular de mascarillas durante la pandemia de COVID-19, un hecho que habría causado un perjuicio económico al Estado de más de S/ 124 millones. Adicionalmente, el Ministerio Público mantiene una investigación abierta en su contra por presunto delito de corrupción de funcionarios.
Pero los cuestionamientos no terminan ahí. Oviedo también formó parte de la comisión de transferencia del Ministerio del Interior durante el gobierno de Pedro Castillo y ha sido investigado por la Oficina de Asuntos Internos por supuestas irregularidades administrativas. Su nombre incluso apareció en una denuncia por una presunta interceptación telefónica al expresidente Alan García, caso en el que él afirmó que se trató de una operación de seguridad.
Diversos sectores han cuestionado el trasfondo de este nombramiento, acusando al Gobierno de priorizar intereses políticos y de colocar a personas afines a ciertos grupos de poder en puestos estratégicos. La salida de Anhuamán ha sido calificada como una medida arbitraria que podría comprometer los avances logrados en inteligencia y en la lucha contra el crimen organizado.
Esta preocupación es particularmente relevante en un momento en que el país atraviesa una severa crisis de seguridad ciudadana, lo que hace aún más crucial contar con una institución de inteligencia sólida e incuestionable. La designación de un funcionario con tantos antecedentes negativos en un rol tan sensible genera dudas sobre la transparencia y las prioridades del actual gobierno.
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