El Congreso de la República de Perú, a través de su Comisión de Constitución y Reglamento, ha vuelto a poner en el centro del debate la restitución de la inmunidad parlamentaria, una prerrogativa que fue eliminada en 2021 en medio de un fuerte rechazo ciudadano y político.
Este martes 20 de mayo de 2025, la Comisión de Constitución, presidida por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), aprobó un dictamen que propone restablecer la inmunidad parlamentaria. La votación en la comisión resultó con 14 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, marcando un paso significativo para esta controvertida reforma.
La iniciativa busca modificar el artículo 93 de la Constitución Política del Perú. De ser aprobada en el Pleno del Congreso, la reforma requerirá 87 votos en dos legislaturas consecutivas para entrar en vigencia, aplicándose a los futuros senadores y diputados elegidos a partir del 2026, con la reintroducción de la bicameralidad.
El dictamen se fundamenta en los proyectos de ley N° 5652/2023-CR, presentado por el congresista Wilson Soto (Acción Popular), y N° 8907/2024-CR, de José María Balcázar.
Inmunidad Propuesta:
- Protección ante procesos: Establece que los senadores y diputados no podrán ser procesados ni detenidos sin la previa autorización de la Cámara a la que pertenezcan o de la Comisión Permanente. Esta protección regiría desde el momento de su elección hasta un mes después de haber cesado en sus funciones.
- Excepción para flagrancia: En caso de delito flagrante, los parlamentarios deberán ser puestos a disposición de su respectiva Cámara o de la Comisión Permanente en un plazo de veinticuatro horas. Dicha instancia tendría hasta treinta días calendario, un plazo improrrogable, para autorizar o no la privación de libertad y el enjuiciamiento.
- Delitos cometidos antes de la elección: Según el texto aprobado en comisión, la inmunidad no se aplicaría para delitos cometidos antes de la elección del parlamentario. Sin embargo, es importante señalar que algunos reportes periodísticos recientes (como Infobae, 20 de mayo de 2025) han interpretado que la propuesta de Rospigliosi podría implicar que la inmunidad sí los cubriría, lo que ha generado una discrepancia en la información inicial y un mayor debate público.
La propuesta surge después de que el Congreso eliminara la inmunidad parlamentaria en febrero de 2021, tras la promulgación de la Ley N° 31118, como respuesta a una fuerte demanda ciudadana para combatir la impunidad y la percepción de que esta prerrogativa era utilizada para blindar a congresistas investigados por delitos comunes.
La reactivación de este debate ha vuelto a encender las alarmas en la sociedad civil y entre diversos analistas políticos, quienes advierten sobre el riesgo de retroceder en la lucha contra la corrupción y de erosionar la confianza pública en el Poder Legislativo. La opinión pública ha mostrado en encuestas anteriores un claro rechazo a la existencia de esta prerrogativa.
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