A pocos meses de la sentencia del expresidente golpista, un inesperado pedido de recusación amenaza con apartar a los jueces del caso y dilatar el proceso.
El juicio contra el expresidente Pedro Castillo se encamina hacia su fase final. Tras dos meses de audiencias en el penal de Barbadillo, el proceso ha llegado a la etapa crucial de evaluación de los elementos presentados por la Fiscalía para sustentar la acusación de rebelión por el fallido golpe de Estado.
Una vez que estos elementos sean sometidos a las pericias correspondientes, seguirá la fase de alegatos finales por parte de la Fiscalía y los acusados. Abogados cercanos al caso, como Walter Ayala (exministro de Castillo), Raúl Noblecilla (defensa de Betssy Chávez) y el penalista Andy Carrión, coinciden en que la sentencia podría dictarse en agosto próximo. «Estamos en una etapa avanzada del juicio. Las etapas más largas ya pasaron. Haciendo una proyección, sería entre julio y agosto», sostuvo Carrión.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ha solicitado 34 años de prisión para Castillo Terrones, 25 años para la ex primera ministra Betssy Chávez y 15 años para el exasesor Aníbal Torres.
Evidencias y Testimonios Clave
En la primera etapa del juicio, declararon 20 testigos, incluyendo a los excomandantes generales de la Policía, Raúl Alfaro y Jorge Angulo. Ambos ratificaron que Pedro Castillo ordenó el cierre ilegal del Congreso y la detención de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
También testificaron los congresistas Diego Bazán, Adriana Tudela y Vivian Olivos, quienes confirmaron que el día del mensaje golpista, el personal policial les impidió el acceso al Parlamento, lo que demuestra la ejecución del golpe.
En la etapa actual, se someterán a pericia cruciales evidencias como la computadora donde se redactó el proyecto de decreto supremo del golpe, el video sin editar del mensaje presidencial y comunicaciones que sugieren un intento de fuga del exmandatario a México.
Maniobras Dilatorias y el «Plan C» de Castillo
A pesar del avance, el juicio enfrenta un obstáculo: la defensa de Betssy Chávez ha intentado recusar a los jueces José Neyra, Norma Carbajal e Iván Flores, integrantes de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Aunque una primera recusación contra la vocal Carbajal fue rechazada el 16 de mayo, la defensa insistió en apartar a los tres magistrados. Sin embargo, se espera que este recurso dilatorio sea resuelto hoy, sin mayor impacto en el calendario del proceso.
Mientras tanto, Pedro Castillo, a través de sus abogados, ha explorado otras vías para lograr su liberación. Su exministro de Defensa, Walter Ayala, ha presentado un hábeas corpus alegando parcialidad del tribunal y otro proceso para anular el caso, argumentando que no hubo delito de rebelión. Sorprendentemente, Ayala también ha solicitado una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que Castillo sea devuelto a Palacio de Gobierno.
Incluso existe un «plan C»: lanzar la candidatura de Castillo al Senado y solicitar su liberación mediante una medida cautelar, apelando a su «arraigo» en el país como supuesto candidato. No obstante, este plan enfrenta serios obstáculos. Si el Congreso lo inhabilita, o si es condenado en primera instancia, su postulación se frustraría. El artículo 34-A de la Constitución impide postular a cargos de elección popular a personas con sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso. La Fiscalía, de hecho, ha solicitado, además de la pena privativa de la libertad, 3 años y 6 meses de inhabilitación.
Fortaleza Democrática y Desafío Constitucional
Para el jurista Enrique Ghersi, una sentencia condenatoria contra Castillo fortalecerá la democracia peruana. «Es un precedente muy importante. Castillo dio un golpe de Estado, pero fallido. No fue un intento. Hubo, por unas horas, un sector de la Policía que ejecutó el golpe de Estado», afirmó, resaltando la importancia de que la democracia se defienda.
El constitucionalista Aníbal Quiroga añadió que el caso de Castillo representa un desafío al sistema constitucional. «Por un lado, hay un intento de golpe de Estado que está siendo juzgado y a todas luces parece que habrá condena y muy severa. Pero, por otro lado, intenta una candidatura», indicó. Quiroga explicó que una condena en primera instancia lo inhabilitaría políticamente, lo que sugiere que «la condena se va a dar antes» de la fecha límite para la inscripción de candidatos (23 de diciembre de 2026).
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