- Indiferente a la violencia y extorsiones, Boluarte busca duplicar su salario
- Cuenta con una decadente popularidad de 3%, según IPSOS
En medio de una profunda crisis nacional, marcada por una escalada de violencia criminal y una creciente inestabilidad institucional, la presidenta Dina Boluarte ha generado una ola de indignación al buscar un incremento salarial sin precedentes. Un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), solicitado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al que tuvo acceso Perú21, revela la intención de la mandataria de duplicar su sueldo, elevándolo de 16 mil a 35,568 soles mensuales.
Esta propuesta, que la convertiría en la funcionaria con el mayor aumento salarial dentro del Estado, superando el 100%, se produce en un momento crítico para el país. La escalada de violencia, con extorsiones y asesinatos que se multiplican en diversas regiones, y la fragilidad de las instituciones democráticas, exigen una atención y priorización de recursos que contrastan marcadamente con la solicitud de la presidenta.
La decisión de Boluarte se suma a una serie de controversias que han marcado su gestión, caracterizada por una baja aprobación ciudadana. Según la última encuesta de Ipsos, su popularidad se desplomó a un alarmante 3%, reflejando un creciente descontento con su liderazgo. Este contexto de desaprobación generalizada agrava aún más la percepción de desconexión entre la presidenta y la realidad que enfrenta el país.
El informe del MEF, que detalla la justificación técnica para el incremento salarial, ya se encuentra en manos del premier Gustavo Adrianzén, quien deberá tomar la decisión final. La aprobación de este aumento podría agudizar las tensiones políticas y sociales, alimentando la crítica de aquellos que consideran que la prioridad debería ser la atención a las urgentes necesidades del país. La oposición y diversos sectores de la sociedad civil han manifestado su rechazo a la propuesta, calificándola de insensible y fuera de lugar en el contexto actual. La controversia plantea interrogantes sobre la ética y la priorización de recursos en la administración pública, en un momento en que la nación enfrenta desafíos significativos.
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