Se realizaron más de 1500 operativos de verificación y fiscalización migratoria durante el primer trimestre de 2025.
El Gobierno central, a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones, entidad adscrita al Ministerio del Interior (Mininter), reafirma su compromiso con una gestión migratoria integral, que garantice la seguridad nacional y el bienestar de la población, tanto peruana como extranjera.
Durante el primer trimestre de 2025, se han implementado diversas acciones estratégicas orientadas a fortalecer el control fronterizo, mejorar los procesos de fiscalización y promover una migración segura, ordenada y regular.
Entre las principales medidas adoptadas, destaca la activación del Puesto de Control Fronterizo (PCF) Tinicachi, ubicado en el distrito del mismo nombre, en la provincia de Yunguyo, región Puno, en la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia. Esta infraestructura permite reforzar la seguridad migratoria y contribuir con el orden interno en una zona de alta movilidad internacional.
Con esta implementación, se consolida la presencia del Estado en la frontera sur del país, se fortalecen los mecanismos de control migratorio y se impulsa el desarrollo integral de las zonas fronterizas, promoviendo el orden y la cooperación binacional.
Estas acciones también han permitido la detección oportuna de personas con antecedentes penales, requisitorias vigentes, alertas de Interpol o situación migratoria irregular, contribuyendo a la lucha contra el crimen organizado transnacional y a la protección de la seguridad interna.
En coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), Migraciones realizó un total de 1555 operativos de verificación y fiscalización migratoria durante el primer trimestre de este año, a nivel nacional. Durante estos operativos, se utilizó tecnología de punta, como tabletas electrónicas interconectadas en tiempo real con las bases de datos de Migraciones y sistemas de alerta, lo que permitió verificar de forma inmediata la situación legal de los ciudadanos extranjeros.
Como resultado de estas acciones, se emitieron 2325 órdenes de salida y expulsión mediante el Procedimiento Administrativo Sancionador Ordinario (PAS) y el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), que permite la expulsión en un plazo máximo de 24 horas a personas que ingresaron al país infringiendo la normativa migratoria o que representan una amenaza para la seguridad nacional.
El Ministerio del Interior, en estrecha colaboración con la Superintendencia Nacional de Migraciones, ratifica su compromiso con la vigilancia permanente y el fortalecimiento de la frontera como una línea de defensa fundamental contra el crimen organizado transnacional, garantizando así la paz social y el respeto de los derechos fundamentales de todos los habitantes del territorio peruano.
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