Para inscribirse en el REINFO los mineros deben contar con RUC. Un requisito bastante sencillo de cumplir y absolutamente razonable, pues todos estamos obligados a pagar nuestros impuestos y a emitir comprobantes de pago. Los mineros los entienden así. Prueba de ello es la gran cantidad de mineros que se han inscrito en el REINFO a lo largo de todos estos años.
Sin embargo, a los legisladores y a quienes diseñan las políticas públicas se les pasó que en las zonas donde opera la minería a pequeña escala, la informalidad tributaria es la regla. En estos lugares, donde la minería a pequeña escala llega, pero el Estado, no, el nivel cumplimiento de las regulaciones fiscales y comerciales es pobrísimo.
Por esta razón, los esfuerzos por formalizar y establecer obligaciones tributarias específicas para la minería a pequeña escala han generado un efecto contrario al buscado. Lejos de reducir la informalidad, han fortalecido el comercio informal e, incluso, el ilegal, facilitando entre otros, la circulación de facturas falsas para justificar deducciones tributarias.
Encontrar en estas localidades negocios que emitan comprobantes de pago es una tarea casi imposible. Lo mismo ocurre con la adquisición de maquinaria y otros insumos clave. Viajar hasta las ciudades, donde existen comercios que emiten comprobantes de pago, es inviable, pues implica un gasto en tiempo y recursos considerable.
Esta falta de documentación tiene un efecto crítico: incluso aquellos mineros que desean formalizarse y cuentan con RUC, no pueden beneficiarse de herramientas como la devolución del IGV, el uso crédito fiscal o las deducciones para el cálculo del impuesto a la renta. Al no poder acreditar sus gastos, sus ingresos brutos son erróneamente tratados como utilidades, lo que eleva artificialmente la base imponible de su impuesto a la renta y con ello, el monto a pagar.
Esto empuja a muchos a sub-declarar o no declarar sus ventas, no por voluntad de evadir en muchos casos, sino por necesidad de sobrevivir en un sistema que no reconoce su realidad operativa. En este escenario, la ‘‘formalidad’’ resulta tan cara que cumplir con ella hace que el negocio del minero no sea rentable.
En este escenario, el mercado informal o negro se convierte en el principal canal de abastecimiento, pues permite a los mineros operar con un nivel de costos que les permite obtener ganancias.
Ante esta problemática, es imperativo replantear la normativa tributaria. Una solución práctica sería autorizar a los mineros artesanales a emitir liquidaciones de compra cuando adquieran bienes o servicios de proveedores que no entregan comprobantes de pago por no contar con RUC o que aun teniéndolo se niegan a emitirlo. Este mecanismo permitiría a los mineros documentar sus gastos y acceder a los beneficios tributarios.
Implementar esta medida no solo aliviaría la presión fiscal sobre los pequeños mineros, sino que también promovería la formalización progresiva de las economías locales.
La minería a pequeña escala, lejos de ser un problema, es una herramienta de inclusión económica y desarrollo en aquellas regiones donde el Estado aún tiene una presencia limitada.
Para ello es necesario un cambio de enfoque en el Estado, que transite desde una visión negativa de la minería a pequeña escala, sobre la cual se ha construido un proceso de formalización legalista y persecutor que ha fracasado, hacia una que la reconozca como un vehículo para la reducción de la pobreza, tal como lo recomienda el Banco Mundial, el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo, y el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible.
La minería a pequeña escala no debe seguir siendo vista únicamente como un problema de informalidad, sino como una oportunidad estratégica para extender la formalización y el crecimiento económico en zonas desatendidas por el Estado.
Permitir mecanismos como la emisión de liquidaciones de compra representaría un avance concreto para integrar a estos pequeños productores al circuito económico formal, ampliar la base tributaria y fortalecer el desarrollo local. Ignorar esta realidad o seguir apostando únicamente por medidas punitivas es condenar a vastas regiones del país a permanecer fuera del sistema. Es momento de entender que la formalización no se impone: se facilita, se incentiva y se construye desde la realidad de los propios actores económicos.
Jorge de Lama Vargas
Abogado y especialista en gestión pública
