Dina Boluarte sucedió a Pedro Castillo en el ejercicio de la presidencia de la República, lo que no significó el inicio de un gobierno marcadamente distinto al que encabezó el ex dirigente magisterial. La señora Boluarte militó en Perú Libre, fue candidata en las Elecciones Municipales 2018 en representación de esa agrupación política y ciertamente sus declaraciones reiteradas durante la campaña electoral y como parte de sucesivos gabinetes durante el gobierno de Pedro Castillo evidenciaron su línea política.
Dina Boluarte no es una académica, siendo su formación y experiencia política limitada; más aún creo que hasta hoy no ha logrado comprender las responsabilidades que asumió al jurar como presidenta de la República el 7 de diciembre 2022. No hay que olvidar, que solo dos días antes de producirse la ruptura del orden constitucional, la señora Boluarte y su abogado Alberto Otárola comparecían ante la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Sin la trayectoria política propia de un jefe de Estado, ni la experiencia suficiente en gestión pública, la presidenta Boluarte ha demostrado falta de pericia política, inconsistencias reiteradas y sobre todo una abierta vocación por el boato, el lujo y ostentación.
Dina Boluarte ha tratado de diferenciarse de Pedro Castillo, olvidando sus promesas de lealtad y compromiso con el proyecto político liderado por Vladimir Cerrón. Perú Libre como partido político está vigente, tiene representación parlamentaria y es sospechoso que a pesar de los supuestos esfuerzos desarrollados hasta la fecha, aún Vladimir Cerrón no haya sido capturado. Si en el pasado el gobierno de Ollanta Humala y Nadine Heredia, protegieron y encubrieron al entonces prófugo Martín Belaúnde Lossio, lo propio ha ocurrido durante el actual gobierno, con respecto al sentenciado Vladimir Cerrón.
La crisis política, en desarrollo, tiene como protagonista a Dina Boluarte, teniendo como antecedente la renuncia de Alberto Otárola a la PCM y en un aparente segundo plano a otros actores. El Perú desde hace varios años ha sido afectado frontalmente por la llamada «trama de Odebrecht», en el que el señor Gustavo Gorriti ha cumplido presuntamente el papel de operador político de Odebrecht.
El Instituto de Defensa Legal receptor de generosos fondos de la cooperación internacional, bajo el liderazgo del señor Gorriti se ha convertido en los últimos años, en el censor de la vida nacional en un contexto de sucesivas crisis políticas que desde el último tramo del gobierno de Ollanta Humala se viene sucediendo en el país. En los últimos meses, la Junta Nacional de Justicia decidió suspender a la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, el congreso de la República solo inhabilitó a dos magistrados de la JNJ y solo en pocos días una Sala Constitucional de manera prevaricadora «ordenó» su reposición, desconociendo lo establecido oportunamente por el Tribunal Constitucional. El poder Judicial desconoce las facultades de control político del congreso de la República.
A la par, el fiscal Rafael Vela Barba es repuesto como Coordinador del Equipo Especial Lava Jato. No es exagerado afirmar que las diligencias de allanamiento en el domicilio de la señora Boluarte y en el despacho presidencial desarrolladas hace pocos días, han sido muestras de una contraofensiva ante la investigación iniciada por el fiscal Alcides Chinchay contra los señores Rafael Vela Barba, José Domingo Pérez y Gustavo Gorriti. El Ministerio Público se ha esmerado en dar «explicaciones y satisfacciones» a los investigados, en especial al señor Gustavo Gorriti, asegurando que no existe ningún propósito intimidatorio contra el periodismo de investigación. Gustavo Gorriti asegura ser periodista de investigación, mientras que el Instituto de Defensa Legal se ha presentado como la columna vertebral de la lucha contra la corrupción en nuestro país. Si la señora Boluarte no honra la función de jefa de Estado, apoyada por un abierto desconocimiento y por sentirse por encima de la ley y la Constitución, lo cierto es que Gustavo Gorriti se considera un «intocable», un referente de la política nacional que ha consagrado su vida a defender la justicia frente al atropello perpetrado por los grupos de poder.
Dina Boluarte no es una lideresa con vocación de servicio, solo una persona que ha sido perseverante en la búsqueda del poder, que ha pugnado por alcanzar un lugar, ya sea en un Club Departamental, en un Colegio Profesional o en la esfera del Estado. Gustavo Gorriti es presuntamente un eficiente operador político de Odebrecht, que con seguridad usaba la expresión «mis fiscales», como en su momento Nadine Heredia se refería a «sus ministros». Gustavo Gorriti debe ser investigado por el Ministerio Público, como cualquier otro ciudadano, lo propio debe ocurrir con los señores José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba. El Ministerio Público se ha convertido en una institución mediatizada e influenciada por el Instituto de Defensa Legal en los últimos años, en la que la judicialización de la política parece ser un objetivo fundamental. Durante el gobierno nefasto de Martín Vizcarra, el objetivo político fue lograr la renuncia del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Con la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, Martín Vizcarra se sintió protegido.
El país ha comprobado (por un video) como a mediados del 2018, el señor Gustavo Gorriti logró que una diligencia a cargo de un fiscal en las oficinas del Instituto de Defensa Legal sea suspendida por orden del entonces Fiscal de la Nación Pablo Sánchez, que demostró en los hechos ser un subordinado del señor Gustavo Gorriti. Nos preguntamos qué poder ostenta el Director del IDL en nuestro país. Es evidente que las declaraciones del señor Jaime Villanueva deben ser corroboradas y por ello es necesario que el fiscal Alcides Chinchay cumpla con impulsar las diligencias necesarias. La «trama de Odebrecht» aún no ha concluido. El señor Gorriti se ha esforzado en los últimos años en ser protagonista de la vida nacional, no olvidemos que solo unos días después de la muerte del presidente García (abril 2018) señaló en IDL Radio; que él hubiera estado dispuesto a «dar una tregua» al presidente García de haber sabido que afrontaba una crisis emocional.
Hoy Gustavo Gorriti debe ser investigado y no debe descartarse que el Ministerio Público solicite el allanamiento de las oficinas del IDL en los próximos días. Dina Boluarte sobrevive en el poder, las investigaciones seguirán su curso y tendrá que afrontar diversos cargos. Las diligencias desarrolladas hace pocos días, cumplieron ciertos protocolos, pero sobre todo causaron el impacto mediático que buscaba el jefe de la DIVIAC. Nunca olvidemos que las oficinas de Odebrecht no fueron allanadas, ni sus cuentas bancarias embargadas, ni sus directivos procesados en nuestro país. Más aún se autorizó la venta de sus activos, su deuda tributaria fue condonada y a través de un lesivo Acuerdo de Colaboración Eficaz suscrito con el Ministerio Público, viene pagando en cómodas cuotas (a lo largo de 15 años) una exigua reparación civil. Gustavo Gorriti logro su objetivo, que Odebrecht se «‘rehabilite», pague una penalidad y siga contratando con el Estado.
El Perú debe conocer el Acuerdo de Colaboración Eficaz, como una demostración de transparencia. El Perú confronta una crisis política agudizada por la «costra caviar» financiada desde el exterior que se resiste a perder el control del Ministerio Público, la JNJ, los organismos electorales y que con habilidad y destreza ha está tratando de replicar un escenario como el acontecido en noviembre 2020, cuando urdieron un plan para obligar a renunciar a Manuel Merino. Ni Dina Boluarte, ni Gustavo Gorriti están por encima de la ley.
José Antonio Torres Iriarte
Abogado y analista político
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