La Comisión de Defensa del Congreso aprobó el dictamen que propone la Ley que reconoce a la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas (ESCOFFAA), como institución de educación superior de nivel de posgrado académico, encargada de desarrollar programas de educación conjunta para la institución castrense.
De acuerdo con la propuesta, pueden participar en la ESCOFFAA el personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, los miembros del servicio diplomático de la República, funcionarios de órganos del Estado afines al sector Defensa e invitados extranjeros.
En su disposiciones complementarias finales, señala que los institutos y escuelas de educación superior de las FF. AA. y de la PNP o centros de formación equivalentes mantienen su autonomía académica, económica, administrativa y de gobierno establecido en las leyes y normas que los rigen.
Además, tienen los deberes y derechos que confiere la presente ley para otorgar a nombre de la Nación el grado de bachiller técnico y los títulos de técnico y profesional técnico.
Además, podrán otorgar los grados académicos de maestro y doctor que les corresponde de acuerdo a la legislación vigente, equivalentes a los otorgados por las universidades del país, que son válidos para el ejercicio de la docencia y para la realización de estudios posteriores.
Por otro lado, la Comisión de Defensa aprobó la conformación del grupo de trabajo denominado “Seguimiento y fiscalización de las compras realizadas por las entidades públicas responsables de la seguridad ciudadana en el país”.
El objetivo es conocer las compras y acciones realizadas por el Poder Ejecutivo destinadas a la reducción y eliminación de la inseguridad ciudadana en nuestro país.
Lo integran la legisladora Edith Julon (Alianza Para el Progreso), Tañía Ramírez (Fuerza Popular) y Alfredo Azurín (Somos Perú), como presidenta, vicepresidenta y secretario, respectivamente.
Inhibición
De otro lado, la comisión se inhibió en los proyectos de Ley 5788/2023, Ley que establece la incorporación al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 a los trabajadores sujetos al régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) de la Superintendencia Nacional de Migraciones con contrato a plazo indeterminado; y en el proyecto de Ley 5917/2023, Ley que declara de necesidad pública y de interés nacional la instalación de pararrayos en las regiones de alta descarga eléctrica atmosférica.
También, se inhibió en los proyectos de Ley 5204/2022, Ley que modifica el Decreto Legislativo 1132 que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú; y en el proyecto de Ley 6300/2023, Ley que dispone la creación de la Autoridad Autónoma contra el Terrorismo.
Fuente: Agencia Andina
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