Por: José Antonio Torres Iriarte.
Pedro Castillo no pudo consumar su acción golpista hace un año, luego de que en su condición de jefe de Estado dirigió un Mensaje a la Nación anunciando la disolución del Congreso y el inicio de un gobierno de facto. Pedro Castillo desde las primeras semanas de gobierno, se propusó violentar el orden constitucional, cuando convirtió la «casa de Sarratea» en un virtual despacho presidencial.
El ex dirigente magisterial nunca deslindó con Sendero Luminoso, alentando la formación de un sindicato alterno al SUTEP, alejándose del partido Perú Libre que lo postuló a la presidencia y organizando su propio grupo parlamentario integrado por maestros con escasa formación académica y manifiestamente no aptos para lograr un nombramiento docente, a pesar de haber postulado repetidas veces o en su defecto haberse negado a postular en los concursos públicos, dentro del marco de la Carrera Pública Magisterial.
Pedro Castillo nunca pretendió ser un estadista, por el contrario se victimizó en todo momento, buscando consuelo político por parte del presidente López Obrador de México, del presidente Gustavo Petro de Colombia y por cierto busco siempre el respaldo incondicional del Secretario General de la O.E.A. Luis Almagro, que visitó repetidas veces el Perú. Por su parte el ex presidente de Bolivia Evo Morales se convirtió en un «viajero frecuente» de nuestro país, llegando incluso a desarrollar acciones de proselitismo y organización política en el sur del Perú. Héctor Béjar como Canciller de la República, no sólo ofendió a la Marina de Guerra, se alineó con los gobiernos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia; sino que tuvo el claro propósito de convertir a la Cancilleria en un instrumento de propaganda política en el exterior.
El Perú no puede olvidar el penoso papel cumplido especialmente por los Embajadores Harold Forsyth, Manuel Rodríguez Cuadros y Oscar Maúrtua de Romaña durante el gobierno de Pedro Castillo. La vicepresidenta Dina Boluarte aparentemente formaba un binomio político indestructible con Pedro Castillo, habiendo integrado los gabinetes presididos por Guido Bellido, Mirtha Vásquez, Héctor Valer y Aníbal Torres.
Con la designación de Betsy Chávez en la P.C.M., se produce el alejamiento de la señora Boluarte del gabinete. La sucesión de ministros de Estado, la presencia de jefes de cartera sin el perfil adecuado e incluso con vínculos con Sendero Luminoso y grupos extremistas, como fue el caso de Iber Maraví, el accionar del Estado estuvo marcado por la improvisación y la corrupción. En pocos meses de gobierno, el Secretario General de la Presidencia, Bruno Pacheco sería señalado como responsable de la comisión de graves ilícitos penales. A la par la formación de un «gabinete en la sombra» en torno al presidente Castillo, así como la participación de familiares de la pareja presidencial en acciones delictivas, fueron definiendo el perfil de un gobierno signado por la corrupcción y la ineptitud.
Pedro Castillo en diversos foros internacionales demostró con creces su incapacidad para disertar o desarrollar algún concepto o idea en materia de relaciones internacionales. Pedro Castillo creyó que utilizando un sombrero marcaría la diferencia; de alguna manera quiso emular a Evo Morales, el lider cocalero boliviano que intento ser reelegido en 2019. Pedro Castillo tuvo el apoyo en el Congreso, de Juntos por el Perú, el respaldo de los llamados «niños de Acción Popular» y de César Acuña de A.P.P. Cuando estaba en trámite la tercera moción de vacancia presidencial y ante un cúmulo de denuncias procedentes de personas de su entorno, como Salatiel Marruffo, el entonces presidente Castillo opta por la ruptura del orden constitucional. La vacancia presidencial fue aprobada por más de cien votos, incluyendo el concurso de congresistas integrantes de Perú Libre. Las imágenes transmitidas en directo, la tarde del miércoles 7 de diciembre, forma parte sin lugar a dudas de la historia nacional más reciente. Pedro Castillo no es un preso político, su detención preventiva no es arbitraria y forma parte de un proceso garantista.
Hoy la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que tuvo el coraje de denunciar constitucionalmente a Pedro Castillo (ante el Congreso) y que con diligencia solicitó la detención del «vacado presidente Castillo»; enfrenta a un complot político urdido por operadores que responden a las directivas instrumentadas por la empresa Odebrecht. Brasil siempre ha pretendido marcar la agenda política latinoamericana, en los años recientes desde el Foro de Sao Paulo, con el auspicio del partido de los Trabajadores liderado por el presidente Lula; es claro que Odebrecht y las principales empresas constructoras brasileñas participaron dolosamente en la ejecución de grandes proyectos de infraestructura en la mayoría de países de América Latina.
La trama de Odebrecht no puede ser olvidada. El Perú hasta la fecha ignora los alcances del Acuerdo de Colaboración Eficaz suscrito entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht. En los últimos años, los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba se convirtieron en protagonistas de la política nacional. Los directivos de Odebrecht no fueron incriminados penalmente, sus oficinas no fueron allanadas, ni sus bienes embargados; prácticamente se les exoneró del pago de una millonaria deuda tributaria e incluso se les impuso un exiguo monto por concepto de reparación civil, que será abonado a lo largo de 15 años. La venta de la hidroeléctrica Chaglla evidenció la puesta en práctica de grandes facilidades para una empresa sin escrúpulos. El «Club de la Construcción» liderado por «Graña y Montero» ha sido tratado con las mayores atenciones. Por ello su directivo José Graña Miroquesada y sus socios sólo estuvieron muy poco tiempo privados de su libertad. Por su parte Martín Vizcarra desde el gobierno pugnó por la impunidad para Odebrecht. Desde el grupo «El Comercio», «La República» y R.P.P. en especial, se han desarrollado campañas mediáticas de apoyo militante en favor de los fiscales Vela Barba y José Domingo Pérez. En el 2018 y 2019, durante el gobierno de Martín Vizcarra, el objetivo político fue lograr la destitución del Fiscal de la Nación Pedro Chávarri, para designar en su lugar a la obsecuente Fiscal Supremo Zoraida Ávalos. Asimismo la campaña promovida por IDL y Gustavo Gorriti con la divulgación de una serie de «audios» facilitó la remoción de los integrantes del entonces Consejo Nacional de la Magistratura (C.N.M.), la convocatoria a un referéndum y la posterior elección de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia hace unos años. La J.N.J. es un logro de la llamada «coalición vizcarrista», por ello sus integrantes tienen claro que deben cumplir consignas políticas, como suspender temporalmente a la Fiscal de la Nación Patricia Benávides.
La empresa Odebrecht y las constructoras brasileñas son actores de la vida política nacional. Odebrecht incluso ha sido habilitada judicialmente para seguir contratando con el Estado. Nunca olvidemos que Gustavo Gorriti, Director del Instituto de Defensa Legal siempre ha sostenido que Odebrecht tenía derecho a «rehabilitarse» y seguir contratando con el Estado. La «coalición vizcarrista» sigue actuando, con el apoyo de ONGs que reciben financiamiento del exterior, las mismas que son dirigidas por un conjunto de caviares ávidos de poder, con pocos escrúpulos, que por momentos se mostraron suplicantes e invocaron el «debido proceso», para posteriormente actuar de manera irregular e inconstitucional, sin importarles el cumplimiento de las normas del debido proceso. Pedro Castillo no es un preso político, mientrás que contra la Fiscal de la NaciónPatricia Benávides está en marcha un «cargamontón» que pretende recuperar el control del Ministerio Público. El Congreso como primer poder del Estado debe actuar en defensa de la institucionalidad democrática. Los actuales miembros de la J.N.J. deben ser destituidos por el Congreso.
Odebrecht no puede pretender direccionar la política nacional.
