Congresista Margot Palacios, en esta oportunidad, preside la sesión de la comisión subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Participan en la sesión los congresistas Susel Paredes y José Cueto. (Congreso de la República/CCox)
Entre ellos contra legisladores, exmandatario, exministros y otros
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró improcedente, por no cumplir con requisitos previstos en el artículo 89 del Reglamento del Congreso, la denuncia constitucional presentada en contra de 102 congresistas que votaron a favor de la vacancia presidencial de Pedro Castillo, por permanente incapacidad moral.
Fue durante la octava sesión ordinaria de ese grupo parlamentario, en la que se ventiló la denuncia formulada por el ciudadano Juan Oswaldo Benavente Llerena en contra de los parlamentarios. La votación por su archivamiento fue de 12 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones.
Al respecto, el informe de calificación de la Denuncia Constitucional N.° 396 de la subcomisión, señaló que esta no cumple con algunos requisitos formales exigidos en el literal a) del artículo 89 del Reglamento del Congreso como, por ejemplo, que la persona denunciante sea la agraviada en forma directa; y que se haya infringido la Constitución, teniendo en cuenta los momentos de excepcionalidad por los que atravesaba el país.
OTRAS IMPROCEDENTES
De otro lado, la subcomisión aprobó la improcedencia de otras dos denuncias, una contra el exmandatario Pedro Castillo y funcionarios de su gobierno; y otra contra jueces y trabajadores del Poder Judicial.
Las propuestas de informe de calificaciones fueron aprobadas en forma unánime, por no cumplir con los requisitos procedimentales. Los argumentos presentados por la asesoría técnica de la subcomisión señalaron, además, que en algunos casos no estaban definidos los delitos o infracciones de los que se hacía la acusación.
Se trata de la propuesta del informe de calificación de la Denuncia Constitucional N.° 316 formulada por el ciudadano José Luis Coayla Coayla, contra el expresidente Castillo Terrones, el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, y la exministra de Energía, Alessandra Herrera Jara, no contenía las precisiones de los delitos imputados. Se declaró improcedente en forma unánime con 16 votos a favor.
La DC 341 formulada por el ciudadano Carlos Matta Moore, en contra de 28 jueces especializados, 32 jueces superiores y 17 secretarios de juzgados del Poder Judicial de Lima; y directivos de la Sunass, también fue declarado improcedente, por considerar que ninguno de los acusados tiene la prerrogativa del antejuicio, ni el juicio político.
EN RESERVA
De otro lado, la subcomisión, que fue conducida por su vicepresidenta Margot Palacios Huamán (PL), siguió en forma reservada la audiencia de denuncia contra la excongresista Rosario Paredes Eyzaguirre, ante el pedido de la misma, por tratarse de la acusación de un presunto delito.
Paredes Eyzaguirre tiene en su contra la Denuncia Constitucional N.° 131, formulada por la exfiscal de la Nación
Zoraida Ávalos Rivera, por los delitos contra la administración pública en la modalidad de concusión, tipificada en el artículo 382 del Código Penal. En representación de la Fiscalía de la Nación, se presentó el fiscal Álvaro Abilio Castañeda Rojas.
Durante la octava sesión ordinaria de la SAC se dio cuenta del ingreso de nuevas denuncias como la número 314 formulada por el ciudadano Jem David Moreno Riveros, contra la congresista Jhackeline Katy Ugarte Mamani (UDP), por el presunto delito de tráfico de influencias.
La del ciudadano Julio César Ramírez Rojas en contra del congresista José Williams Zapata (Avanza País); y los exministros del Interior Willy Arturo Huerta Olivas, Juan Manuel Carrasco Millones y Avelino Trifón Guillén Jáuregui.
Además, contra el decano del Colegio de Abogados de Lima, César Humberto Bazán Naveda, por la presunta infracción a varios artículos de la Constitución.
Asimismo, Palacios Huamán informó del Oficio 264 -2023-2026–STMC/CR del congresista delegado Segundo Montalvo Cubas (PL), quien remitió el informe de Determinación de Hechos y Pruebas Pertinentes de la DC 029 (ex 332) formulada por el ciudadano Rafael Abel Espinoza Calderón, contra la juez suprema Ana María Aranda Rodríguez, en su calidad de exjefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y Duberly Apolinario Rodríguez Tineo, en su calidad de expresidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, por los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad.
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